Verdad histórica

Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”,

Joan Manuel Serrat.

No hay hasta la fecha más que “la versión conocida como la verdad histórica”. No lo digo yo, ni el ex procurador Jesús Murillo Karam, sino una sentencia de amparo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México en el caso de Blanca Alicia Bernal Castilla, ex agente del Ministerio Público y ex fiscal de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de la República, quien llevó parte de las investigaciones del caso Iguala. “No se advierte que sea falsa” esta hipótesis, señala la sentencia. “No está acreditado que exista otra versión que corresponda con la realidad”.

El 27 de enero de 2015 el entonces procurador Murillo Karam declaró sobre los normalistas de Ayotzinapa secuestrados en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014: “Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río [San Juan]. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”. Los normalistas fueron detenidos por policías municipales que los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos que los asesinó. Esta versión se basaba en 487 peritajes, 156 inspecciones ministeriales, 386 declaraciones ministeriales y 39 confesiones de implicados. Más de 70 personas fueron detenidas y procesadas sobre la base de esta hipótesis.

El llamado “movimiento Ayotzinapa”, un grupo de activistas, abogados y padres de las víctimas, además de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), rechazó esta versión porque no se ajustaba a su convicción política de que “Fue el Estado”. Afirmaron que la quema de los cuerpos no podía haberse realizado en el basurero municipal de Cocula y que las confesiones habían sido arrancadas por tortura.

Sin embargo, la versión de la quema de los cuerpos la divulgó originalmente el sacerdote Alejandro Solalinde, fuerte crítico del Gobierno de Peña Nieto, quien dijo que provenía de testigos. Peritajes y estudios posteriores han ratificado que los cuerpos sí pudieron ser incinerados en el basurero. Se podría confirmar si se enviaran a Innsbruck los 114 restos humanos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando era independiente, pidió someter a exámenes genéticos. En cuando a las torturas, la CNDH aplicó el Protocolo de Estambul a los inculpados y determinó que sólo nueve de los 72 mostraban indicios de haber sido torturados. Pero había muchas otras pruebas que los involucraban.

López Obrador nombró fiscal especial del caso a Omar Gómez Trejo, ex secretario ejecutivo del GIEI, quien tenía por eso un conflicto de interés. Este no presentó ante los tribunales los resultados del Protocolo de Estambul ni las pruebas supervenientes de la responsabilidad de los criminales detenidos. Así facilitó su liberación masiva por un juez de Tamaulipas. Prefirió enfocar sus esfuerzos en perseguir a quienes habían realizado la investigación y consignado a los presuntos responsables, como Murillo Karam y Bernal Castilla.

Ninguna verdad debe ser “histórica” en el sentido de que no pueda ser corregida por nuevas pruebas, aunque Murillo Karam usó la expresión en el sentido jurídico de una hipótesis que se presenta a un juez para sustentar una acusación. Sin embargo, ni el movimiento Ayotzinapa ni el fiscal especial Gómez Trejo ni el ex subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas han presentado pruebas para descartar esta hipótesis y fortalecer alguna otra. Sus esfuerzos por demostrar que “Fue el Estado” revelan más bien los problemas que trae consigo la politización de la justicia.

Independencia

La decisión del Décimo Tribunal en el amparo de Bernal Castilla refleja la independencia de nuestro Poder Judicial. Una vez que jueces, magistrados y ministros sean escogidos por su obediencia al Ejecutivo, esta independencia dejará de existir.

Sergio Sarmiento

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