El papel de la sociedad civil en la construcción del Estado

El pasado 26 de octubre 562 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), todas sin fines de lucro, publicaron una carta dirigida a las y los senadores donde ofrecían información y evidencias a tener en cuenta antes de que decidieran su voto en torno al tema de los donativos a las OSC.

Las organizaciones señalan que en México hay miles de OSC donde trabajan 700 mil personas remuneradas y más de 2.1 millones de voluntarios. Éstas movilizan recursos humanos, materiales y financieros para atender a los grupos más vulnerables y marginados. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del Inegi del 2020 señala que 2.8 millones de hogares, el 30 % más pobre de la población recibe bienes, servicios y transferencias económicas de las OSC.

Advierten que México es uno de los países del continente americano con la menor densidad de organizaciones sin fines de lucro per cápita y que cualquier barrera adicional a su labor contribuye a complicar y desincentivar su existencia, y ello contribuye, en sentido contrario a la historia, a serios retrocesos a nuestra democracia.

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Números sí, demagogia no

Dicen que los donativos a las OSC están sujetos a un estricto régimen de transparencia y supervisión por parte del SAT y atienden a las políticas contra el lavado de dinero. Una persona sólo tiene posibilidad de deducir el 35% de sus impuestos en donativos. La SHCP ha documentado que este 35% que “deja” de percibir el Gobierno produce 8.12 veces más valor, en labores de desarrollo social, cuando lo invierten las OSC. Es decir, que por cada peso que el Gobierno deja de recaudar por concepto de donativos, las OSC multiplican ese monto en 812%.

En seis años, el SAT dejó de recaudar 88 mil 792 millones por deducciones para donativos y en ese mismo tiempo, la sociedad recibió de las OSC un beneficio de 720 mil 672 millones de pesos. Es claro que por el bien de toda la sociedad, incluyendo el Gobierno, se debe apoyar y fomentar el trabajo que realizan las OSC.

Las OSC contribuyen con el 1.37% del PIB nacional y crean millones de empleos. Este porcentaje representa un monto de 670 mil 488 millones de pesos (que incluye la valoración económica del trabajo voluntario) en 2019. Cualquier impacto negativo sobre el sector afecta no sólo a sus beneficiarios, sino al conjunto de la economía.

Las OSC piden a las y los senadores que reconsideren dejar el incentivo fiscal de deducción hasta en un 7% de los donativos realizados por personas físicas. De no ser así considerar dos alternativas: Establecer un esquema de gradualidad en función de los ingresos de las personas físicas y fijar, adicional al límite de cinco UMAS anuales para las deducciones personales, un segundo límite de cinco UMAS anuales para los donativos deducibles de impuestos. En el Senado no se tomó en cuenta el análisis, la petición y las propuestas de las 562 OSC, que firman la carta.

Los datos son contundentes, por cada peso que el Gobierno deja de recibir por la deducibilidad de los impuestos obtiene 812% en inversión social de las OSC, para ayudar a los más pobres y desfavorecidos. Esto en versión de la propia SHCP. ¿Por qué entonces no ayudar a los más pobres? ¿Por qué quitarles la posibilidad de los servicios y apoyos que les brindan las OSC? ¿Cuál es el argumento para impedirlo?

Rubén Aguilar es doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Iberoamericana. En Internet: www.miscuadernos.com.mx