Nacionalización petrolera y la del litio

En medio de “la borrachera” que todavía se vive en las filas del morenismo por el triunfo del 1 de julio del 2018 y el gane de gubernaturas en el 2021, no son pocos los del partido en el poder que hacen comparativos sensacionalistas.

Para ellos la nacionalización petrolera es equiparable a la nacionalización del litio.

De entrada, la primera se concretó un 18 de marzo de 1938 (hace 85 años), sobre una estructura realmente establecida. La industria petrolera era toda una realidad en el País y el motor de la economía nacional.

La segunda, sin embargo, se aplica sobre una industria que está en pañales; en etapa de investigación y exploración, y cuyas expectativas oficiales son más de corte emocional que racional.

Sobre el acto de nacionalización encabezado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río el viernes 18 de marzo de 1938, hubo una expropiación legal de refinerías, oleoductos, edificios, estaciones de distribución, embarcaciones, maquinaria y todo tipo de instalaciones.

La historia apunta que fueron confiscados todos los muebles e inmuebles de la Compañía Mexicana de Petróleo, más conocida como El Águila (subsidiaria de la petrolera inglesa-holandesa Royal Dutch Shell).

También fueron nacionalizadas otras compañías de renombre como: Huasteca Petroleum Company (filial de la Standard Oil Company con sede en New Jersey), Sinclair Pierce Oil Company, Sabalo Transportation Company, Consolidated Oil Company of Mexico, Mexicana Sinclair Petroleum Corporation, Stanford Compañía, Compañía de Gas y Combustible Imperio y Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, entre otras.

La nacionalización se llevó a cabo bajo la promesa cardenista de pagarles a los empresarios involucrados conforme a derecho, en un plazo de 10 años.

Con esta acción, Cárdenas del Río les hizo justicia a obreros y trabajadores de esta industria que sufría de bajos sueldos y salarios.

A todas luces ese episodio de hace 85 años es un auténtico parteaguas para la historia del País. En contraste, el tema del litio es por ahora más una promesa que una realidad: Aquí se mezclan los buePocas nos deseos con las esperanzas.

Empero tal acción se publicita como el gran logro del presidente López Obrador; sus allegados califican la nacionalización del litio como un momento histórico, seguramente lo hacen para ir reforzando el concepto de que la Cuarta Transformación “va viento en popa”.

Mientras tanto el mandatario hace los arreglos conducentes al firmar un decreto (el pasado 18 de febrero) mediante el cual define una reserva minera de casi 235 mil hectáreas en el Noreste de Sonora para la explotación del llamado “oro blanco”.

Curiosamente López Obrador no toca el hectareaje que detenta la empresa Bacanora Minerals, que desde hace dos años tiene presencia en Sonora. Esta compañía es británica con capital canadiense aliada a la corporación china Ganfeng.

En suma, todavía no hay yacimientos del “oro blanco” en explotación y encima nace con “bombo y platillo” la empresa pública LitioMx sin recursos y con todas las dudas sobre su falta de capacidad técnica.

La nacionalización en tiempos cuatroteístas no prende, por más que se diga lo contrario.

MERITOCRACIA O DEMOCRACIA

Las universidades más competitivas se caracterizan por tener en sus rectorías a las o a los mejores profesionistas; a los que saben de estrategias educativas y que operan con excelencia. La meritocracia está por encima de la democracia.

El ranking de las mejores universidades del mundo, de Latinoamérica y México, dan cuenta de dicha máxima: Que los más preparados o preparadas están al frente de esas instituciones educativas; no los personajes más populares.

La Universidad de Sonora y su Ley 169 -que sustituye a la Ley 4 vigente desde 1991- pareciera que irá en sentido contrario.

Sus promotores (algunos de la Unison y otros académicos incrustados en el Gobierno estatal y federal), añoran las décadas pasadas previas a la de los noventa, donde las huelgas eran una constante.

Hoy por hoy la Unison es una de las universidades más sobresalientes de México y podrá seguir su ruta ascendente siempre y cuando se continúe privilegiando la preparación académica.

Sin embargo, dado que la nueva Ley aplaude una inclusión “sin ton ni son”, donde las inquietudes dogmáticas del estudiantado podrían valorarse más que las académicas, el futuro competitivo de la Máxima Casa de Estudios está en entredicho.

Las universidades deben producir talento, no prospectos para partidos populistas.