Durazo frente a los mineros

En la colaboración anterior, previo a las vacaciones de Semana Santa, abordaba yo aquí detalles de la iniciativa de ley minera impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cerré ese texto preguntando cuál sería el papel que jugará el gobernador Alfonso Durazo, siendo el sector minero un importante pilar de la economía sonorense.

Bueno pues ya sabemos, ya lo dijo y se los dijo a los propios mineros durante la toma de protesta de Héctor Ortíz como presidente de la Asociación de Mineros de Sonora (Amsac).

No les mandó recado con nadie más, fue él mismo quien se los dijo en vivo y en directo.

En otras palabras, pero básicamente lo que el mandatario estatal dijo es que está consciente de la importancia del sector, que sabe los retos que implicaría la nueva ley si se aprueba en los términos que ha sido propuesta, que está dispuesto a sumarse para enfrentarlos.

Ah, pero que si necesita ponerse del lado de alguien, lo hará del Presidente de la República.

Bien, pues ahí está la respuesta y si entendemos la lógica del poder y el lugar que en ello tiene Durazo Montaño, no podía esperarse otra cosa.

Ahora bien, eso no significa que al margen de la claridad con la que el Gobernador les habló a los mineros no pueda ser un gestor, un canal de comunicación entre la industria y el Gobierno federal, sobre todo porque también es sabido que las empresas que operan en Sonora han colaborado en más de una ocasión y en más de un tema con el Gobierno estatal.

De quienes rodean López Obrador, el mandatario sonorense es quizás uno de los perfiles más serios y con más hechura política y me parece que esa podría ser una buena apuesta para hacerle llegar al Presidente la posición del sector y para encontrar un punto de equilibrio en esa iniciativa.

Porque tampoco se trata de volver a la época de las cavernas, como parecen quererlo algunos colectivos con el apoyo de las más radicales alas de la 4T.

Recientemente hemos visto un activismo de parte de las distintas asociaciones relacionadas con ese sector, socializando su inconformidad por esa reforma legal que consideran causará graves daños a la actividad en todo el País, ahuyentará inversiones en puerta, acabará con algunas que ya están en marcha y podría acabar con cientos de miles de empleos bien pagados que se generan.

Y lo seguirá haciendo además porque es su derecho, porque aunque es una actividad fuertemente regulada, aunque sean concesiones que otorga el Gobierno, son capitales privados los que se ponen en riesgo en cada uno de los proyectos.

La respuesta del Gobernador la escucharon quienes debían escucharla, estaban ahí personales y directivos de las más importantes firmas nacionales, incluyendo a Xavier García de Quevedo, vicepresidente de Grupo México, que ha sido por cierto un aliado de este Gobierno en el plan de justicia para Cananea y en algunas otras cosas.

Creo que lo que sigue es que, una vez que se hace pública la respuesta del Gobernador es en realidad aplastar el acelerador para que las gestiones arrojen buenos resultados.

Al final de cuentas creo que está claro el daño que se le puede hacer al Estado si esto camina.

Se entiende si acaso Durazo piensa que le quieren marcar agenda, que haya respondido de la forma en que lo hizo en público.

Pero el fondo es más delicado y no conviene que Gobierno y sector minero se metan en una dinámica de enfrentamientos, recursos legales y pronunciamientos públicos que no van a llevar a nada, independientemente de quien gane.

Sergio Valle, periodista.

@sergiovallep