El Gobierno de Milei deroga resoluciones de paridad de género en empresas y asociaciones civiles

ARGENTINA.- El Gobierno de Javier Milei ha derogado cuatro resoluciones que establecían la paridad de género en empresas y asociaciones civiles. Estas resoluciones, implementadas durante la gestión de Alberto Fernández, fueron oficialmente eliminadas mediante la Resolución General 13/2024 de la Inspección General de Justicia (IGJ), liderada por Daniel Roque Vítolo, y anunciadas a través del Boletín Oficial.

La medida, que entró en vigencia este jueves, revoca las normativas 34/2020, 35/2020, 42/2020 y 12/2021, todas establecidas durante la administración anterior. Con esta derogación, las empresas y asociaciones civiles ya no estarán obligadas a asegurar una composición equitativa de género en sus órganos de administración y fiscalización.

El Inspector General de Justicia de la Nación, Vítolo, explicó que esta acción se basa en fallos judiciales previos que declararon la invalidez de las resoluciones, argumentando que la IGJ no tiene la competencia para imponer normativas imperativas en esta materia. Además, destacó que la obligación de igualdad de género en la composición de órganos administrativos de entidades privadas había sido invalidada por la justicia, tanto en el fuero comercial como en el contencioso administrativo federal.

En su declaración, Vítolo subrayó que no es competencia del Poder Ejecutivo dictar cómo deben constituirse los órganos de las personas jurídicas privadas, resaltando la importancia de respetar la libertad que otorga la Constitución nacional a los particulares en este aspecto.

La decisión del Gobierno de derogar estas resoluciones ha generado debate en la opinión pública, ya que algunos sectores argumentan que la medida podría tener un impacto negativo en la igualdad de género y en el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en el ámbito empresarial y asociativo.

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Por otro lado, el Gobierno defiende su acción apelando a los principios de libertad individual y a los fallos judiciales que respaldan la invalidez de estas normativas. Además, señala que la aplicación de cuotas de género podría resultar en la exclusión de otros grupos vulnerables, lo que contradice el principio de igualdad de oportunidades para todos los individuos.