El naufragio colectivo del Isssteson

El Isssteson se debate entre la vida y la muerte. El último estudio actuarial apunta a que el Instituto es inviable; en los últimos años ha tenido que recurrir a millonarios préstamos de corto plazo para honrar sus compromisos con jubilados y pensionados. Cualquiera diría que tuvo que recurrir a un ventilador mecánico y a potentes sedantes para mantenerse conectado.

El Isssteson se convirtió en un problema para todos los sonorenses desde el momento en que los no derechohabientes comenzaron a subsidiar a los derechohabientes. Sería mezquino asegurar que las contribuciones de burócratas, maestros, policías y otros empleados públicos da derecho preferencial a ordeñar al Instituto. No solamente los impuestos generales financian los trabajos del aparato gubernamental, sino que ahora mismo hemos llegado al absurdo de que gente sin derecho a servicios médicos y apenas con una pensión a adultos mayores de 1,550 pesos mensuales -ni una décima parte del promedio de los 18,868 pesos que reciben los 17,970 pensionados del Instituto, monto que más que duplica a la pensión media del IMSS- esté manteniendo a flote un barco que sigue hundiéndose.

El diagnóstico parece coincidir en una mezcla de desmanejos administrativos, una Ley 38 caduca para las necesidades vigentes y abusos de los contratos colectivos. El Isssteson ha superado ya el margen de tolerancia donde unos cuantos cambios cosméticos podían paliar síntomas graves -práctica comúnmente llamada “patear el bote”. No, el Isssteson ya no aguanta señalamientos entre los actores involucrados. Podríamos estar al borde de replicar lo que sucedió en Baja California, donde el Issstecali redujo sus tasas de abasto de medicamentos al 13% y dejó de honrar el pago de nóminas -una bancarrota de facto que sólo pudo ser amortiguada por un Gobierno estatal que tuvo que posteriormente recurrir al endeudamiento.

Circulan en la opinión pública posturas irresponsables que demandan la intervención del Gobierno federal para parchar una llanta ya muy lisa. Desde una posición de privilegio y comodidad, se solicita que entre todos -incluyendo los más marginados- salvemos al Isssteson. No, eso no es justicia social. Si el Gobierno federal estuviera incluso dispuesto a aportar a Sonora esas cantidades (5-10 mil mdp), lo correcto sería utilizar ese salvavidas para garantizar la seguridad social universal de la que en este momento carecen cientos de miles de sonorenses en condición de pobreza. Hoy más que nunca los trabajadores del Instituto deben estar a la altura de los tiempos y defender a los desempleados y a quienes no corren la misma suerte que ellos.

Salvar al Instituto requerirá voluntad política y generosidad de todas las partes involucradas. En un país con tasas de pobreza del 45%, pensiones que rozan los 200 mil pesos son aberrantes. Defenderlas legalmente es un derecho, pero no es lo moralmente correcto. El buen juez por su casa empieza, y una casa construida con los privilegios adquiridos por concesiones políticas del pasado no es digna de dar alojamiento a la justicia social.

Estamos en un momento definitorio para Sonora. ¿Seguimos por donde mismo o ajustamos para que la gente recupere la confianza en el pacto social? ¿Mantenemos los privilegios o peleamos para que las nuevas generaciones recuperen la fe en el progreso? Quien tenga auténtica vocación pública tendrá que demostrarlo en los siguientes meses. Se juega su reconocimiento público, el futuro de los sonorenses y la tranquilidad de su propia conciencia.