Litiomex

El gobierno del presidente López Obrador marca un franco contraste con el de Peña Nieto en lo que concierne a la socialización de las reformas que promueve. En el caso de la eléctrica, mientras que en el Pacto por México fue un arreglo cupular, con opacidad y corrupción, la actual propuesta de reforma eléctrica está siendo socializada por el mismo Presidente, el director de la CFE, Manuel Bartlett, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y principalmente por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien acudió a la mesa de Tercer Grado, en la que participó y dejó más preguntas que respuestas.

Nahle defiende la necesidad de esta reforma aludiendo la soberanía energética del País. Y está muy bien. Los estadounidenses hicieron cambios en su política energética a principios de siglo para conseguir precisamente su soberanía energética. El presidente Bush promovió reformas que permitían el fracking y mayor exploración incluso en zonas protegidas. El costo medioambiental ha sido fuerte, y documentado por organizaciones ambientalistas, pero lo lograron: Hoy EU es autosuficiente en producción de energía y de ser un importador de hidrocarburos, hoy le exporta gasolinas y gas natural a México. La fórmula se invirtió. Nahle hace bien en defender la reforma en ese sentido, pero no contesta a qué se refiere con soberanía energética y no dice cómo conseguirla para el gas natural, pues México importa el 73% del gas natural que consumimos, de acuerdo con datos de la misma Sener. Si un día EU cierra esa válvula, nuestra dependencia quedaría desnuda.

EU logró la soberanía creando más competencia y abriendo el mercado a la industria privada para inversiones. México está en la ruta contraria. Nahle no contestó a mi pregunta sobre si puede o no lograrse la autarquía energética sin los inversionistas privados. Y sobre el gas sólo se limitó a reconocer que no hay gas en México y los problemas que han enfrentado países como España por esta situación, pero sin ofrecer una solución. ¿Podemos hablar de soberanía energética cuando dependemos de importaciones de gas? No creo.

Nahle anunció la creación de una empresa estatal para la exploración del litio y dijo que los detalles vendrían en la ley secundaria. Al preguntarle sobre los costos de la inversión y de dónde vendrían los recursos, su respuesta fue aún más general. Nahle mencionó que algo similar ocurrió en 1938 cuando Cárdenas expropió el petróleo, pero omitió decir que en ese año México tenía menos de 20 millones de habitantes, con un consumo energético bajo y la tecnología para explorar petróleo ya existía. Hoy México tiene 130 millones de habitantes, con un consumo energético considerable y sin la tecnología para explorar el litio. Ni siquiera sabemos bien cuánto litio hay realmente en México y cómo explorarlo. La misma directora del Servicio Geológico Mexicano lo ha reconocido públicamente. Por ello, crear un monopolio de litio, una paraestatal Litiomex, sólo porque hay que asegurar que “el mineral se quede en manos de mexicanos” no parece ser lo más sensato. Lo único que podrían lograr es que el litio se quede enterrado hasta que una nueva reforma permita las inversiones millonarias necesarias para extraerlo.

Asegurar la soberanía puede incluir una empresa estatal, pero que sí funcione y no quite recursos a programas sociales y de combate a la pobreza, pero también puede hacerse de las manos de privados que respeten la ley del Estado mexicano, paguen impuestos justos, salarios con prestaciones, reduzcan la brecha de pobreza, reparen daños ambientales y todos los enormes problemas que hoy tiene el sector minero en México y que no han podido corregirse.

Lo más seguro es que la reforma eléctrica se vaya hasta la primavera del 2022. Así Morena conectaría la defensa de la “soberanía energética” con la revocación de mandato. Sin embargo, más allá de esta posibilidad, a la secretaria Nahle y a los demás voceros de la reforma les falta por detallar muchísima información y preguntas en torno a la viabilidad del monopolio estatal del litio y de cómo hacer esta reforma responsable con las finanzas y que realmente le dé la capacidad rectora al Estado sin poner en riesgo programas sociales y las finanzas públicas. Se lo deben al pueblo.

El autor es politólogo, conductor de un programa de televisión y profesor en el Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero.