No lo digo yo

No lo digo yo. Lo dice la Secretaría de Gobernación: Estamos ante un “retroceso en aspectos jurídicos, sociales y democráticos, obstaculizando alcanzar la cultura de paz”.

En realidad, no importa el origen, la autoría o la intención de los análisis de la realidad del País siempre y cuando estén bien documentados y sustentados en la evidencia disponible.

En algún momento pensé que los diagnósticos ofrecidos por analistas independientes -nacionales e internacionales- no eran tomados en cuenta porque se les atribuían intereses ocultos, contrarios y adversos al proyecto de López Obrador. En otros momentos he llegado a pensar que los datos se le ocultan al Presidente y que sus asesores le dicen que “es cuestión de tiempo”. Que tarde o temprano sus políticas rendirán los frutos esperados.

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Año de peligro

Me equivoqué. Ni uno ni otro. Hace unos días la revista Proceso (14 de noviembre) dio a conocer el Informe Anual de los Riesgos a la Gobernabilidad 2021 elaborado por la Unidad de Política Interior y Análisis de Información (Upiai) de la Secretaría de Gobernación. Sus aliados, sus subordinados, sus más fieles seguidores. No hay duda pues del origen de dicho análisis ni tampoco de que llegó a manos del Presidente.

Aparentemente, no es el primer diagnóstico en ese sentido. Según el reportaje, la Upiai elabora de manera regular más de 40 productos periódicos, entre ellos, la Agenda Semanal de Riesgos a la Gobernabilidad y el Informe Diario Ejecutivo. La información y el análisis, pues, fluyen de forma permanente.

Este Informe no deja lugar a dudas. Considera como riesgos de ingobernabilidad no solamente lo que analistas considerados como adversarios hemos venido señalando hace muchos meses, sino también lo que en las conferencias matutinas y en sus numerosos informes el Presidente viene negando.

Aquí los principales riesgos según los analistas de Gobernación.

Uno. Las obras públicas emblemáticas de esta administración -Tren Maya, Dos Bocas, Tren Transístmico, y Aeropuerto Felipe Ángeles- constituyen un riesgo a la gobernabilidad en dos sentidos. Primero que “no sean concluidas en los tiempos y forma anunciados” y, segundo, que “presenten riesgos de construcción y de operación”.

Dos. Se acumulan los riesgos por demandas sociales no atendidas. Por ejemplo, los bloqueos prolongados de la CNTE que han provocado desabasto y pérdidas económicas por más de 3 mil millones de pesos. El punto fundamental, según el Informe es que, se da “la impresión de falta de interés gubernamental”.

Tres. Aumento en la violación a los derechos humanos entre los que destacan agresiones y asesinatos a periodistas (47) y defensores de derechos humanos (94) así como la constante violación al debido proceso de inculpados por presunta comisión de delitos.

Cuatro. Inseguridad marcada por 30 mil desaparecidos y 100 mil asesinatos, desplazamientos forzados en diversas comunidades del País, proliferación de grupos de autodefensa e incorporación de al menos 30 mil jóvenes a las filas del crimen organizado.

Cinco. Riesgos provenientes de la migración acompañados por un alza de 80% en las quejas y abusos por parte de integrantes del Instituto Nacional de Migración.

Seis. Imposibilidad de acceso a territorios controlados por cárteles para la búsqueda de restos de personas desaparecidas además de los nulos apoyos a la Comisión Nacional de Víctimas y parálisis de las autoridades estatales para dirimir controversias legales entre alcaldes electos y concejos municipales.

Siete. Impunidad creciente que alcanza el 94.8% de casos sin resolver acompañado del aumento en los casos de linchamiento, atropellamientos y ejecuciones, esto es, justicia por propia mano debido a la incapacidad del sistema de administración y procuración de justicia.

Todos estos riesgos, sin contar los que se derivan de la pandemia, el desempleo, la inflación, la quiebra de empresas y una serie de eventos “aislados” que menciona el reporte como la Línea 12 del Metro, el desabasto de medicinas, la persecución de científicos o los abusos de la Guardia Nacional.

En fin, todo lo que hemos señalado los presuntos analistas neoliberales, enemigos del cambio, y traidores a la Patria.

Insisto, el origen de los análisis no debería importar, pero si no se quiere escuchar la crítica de los críticos que al menos se escuche la de los aliados porque entre las principales razones de la ineficacia de esta administración están el voluntarismo, el desprecio absoluto por el conocimiento, la técnica y la experiencia como base para la elaboración de las políticas públicas y la manifiesta incapacidad para corregir el rumbo ante la también manifiesta evidencia del fracaso.

María Amparo Casar es licenciada es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.