Ayotzinapa, 8 años

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, fue un crimen de Estado. Guerreros Unidos es una organización criminal que tuvo la capacidad de corromper a instituciones del Estado mexicano a todos los niveles, a policías locales, policías federales, a alcaldes, a militares del Ejército mexicano. El Ejército tenía a un soldado infiltrado entre los normalistas. Lo que pasó en la noche de Iguala y los días posteriores fue un crimen de Estado. El Gobierno de Peña Nieto construyó una verdad alterna usando tortura, y lo hizo para encubrir a responsables. La operación de la "verdad histórica" también fue un crimen de Estado. A ocho años de Ayotzinapa las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Habrá justicia sin impunidad? ¿Conocemos hoy más de la verdad? La respuesta a ambos temas recae principalmente en las familias de los 43, en las víctimas, pero también en la voluntad de este Gobierno.

México está lleno de impunidad, de abusos del Gobierno contra el pueblo, pero Ayotzinapa es quizás el caso reciente más doloroso. La tragedia de los normalistas de Iguala es la que marca el País en el que crecen las generaciones millenial y centennial, incluso para quienes no vivimos el 68. Ayotzinapa es el punto de quiebre y la demanda de verdad, justicia y de no repetición nos acompañará las próximas décadas. Parafraseando a Susan Sontag, "nadie tiene derecho a la ignorancia o a la amnesia a partir de cierta edad". Quienes eran adolescentes en 2014, hoy son universitarias y son parte de quienes acompañarán al movimiento de padres y madres de Ayotzinapa hacia el futuro. El 68, la guerra sucia, Acteal, Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa son algunas de las heridas abiertas de México.

Las recientes filtraciones del informe de la Comisión de la Verdad y Justicia revelan detalles de la violencia, la deshumanización, la crueldad, el horror, la insensibilidad, la falta de compasión y todo lo que ya se ha escrito en torno a la degradación de la condición humana. Sin embargo, esas filtraciones también corroboran la tesis de que fue el Estado y de que siguen siendo algunos de sus principales actores los que refuerzan los cimientos del pacto de impunidad. Las filtraciones son un arma de doble filo. Por un lado, pueden ayudar al conocimiento social de lo que pasó esa noche, a la socialización, a la transparencia de la verdad y de cómo se llega a ella. Por el otro, son un recurso para la impunidad. Crean un efecto corruptor al violar presunción de inocencia. Lo primero, el compromiso con la búsqueda de la verdad, es el terreno del buen periodismo. Lo segundo, el armado de un buen caso judicial, es campo de la construcción de un Estado de Derecho robusto que seguimos sin tener en México.

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Números sí, demagogia no

El manejo del caso Ayotzinapa es una prueba más para el Gobierno de AMLO y para su relación con los movimientos sociales que apoyaron su llegada al poder. Lo prioritario quizás sea cómo consolidar el camino hacia la reparación en lugar de continuar con la revictimización de las madres y padres de los 43. Lo prioritario quizás sea darles certeza de que los militares involucrados también serán juzgados. Los padres y madres piden acceso a nuevos lugares de búsqueda y que no haya impunidad. Sus críticas están dirigidas a la Fiscalía General, al fiscal Gertz Manero, y a la Sedena, más que al subsecretario Alejandro Encinas o al informe de la Comisión.

Las revelaciones más recientes muestran el alcance de la investigación de la Comisión y especialmente el involucramiento del Ejército. Aquí está la prueba de fuego para la 4T. Justo cuando el Presidente cambió la ruta y optó por darle toda su confianza al Ejército, darle más tareas y militarizar la seguridad pública es cuando llega este duro golpe a la reputación castrense. La respuesta que dé el Gobierno de AMLO a las revelaciones del informe y a las demandas de las familias de los 43 será otro indicador más de la fragilidad del dominio civil sobre lo militar. La verdad y la justicia llegarán cuando las familias de los normalistas así lo reconozcan.