Demanda vs comercio de la muerte

En su comparecencia en el Senado, don Marcelo Ebrard anunció que nuestro País presentará una nueva demanda en contra de los expendios de armas que pertrechan y equipan a sicarios y escuadrones del narcotráfico para que libren una guerra homicida en México.

En su comparecencia en el Senado, don Marcelo Ebrard anunció que nuestro País presentará una nueva demanda en contra de los expendios de armas que pertrechan y equipan a sicarios y escuadrones del narcotráfico para que libren una guerra homicida en México. “Es imposible reducir la violencia sin frenar el tráfico de armas”, afirmó.

En México la portación de armas es ilegal, mientras que, en Estados Unidos, por una enmienda a su constitución aprobada en 1791 ante la posibilidad de que Inglaterra invadiera su territorio para recuperar su antigua colonia, sigue siendo legal portar una pistola, una escopeta o un arma “deportiva”, a pesar de que no haya amenaza de invasión. Se trata de una reliquia reglamentaria que sigue vigente, permite pingües negocios de fabricación y venta de artefactos ofensivos, y concede impunidad a las innumerables fábricas y tiendas que comercian con estos instrumentos de agresión.

El problema se ha acentuado en las últimas décadas con la instalación de muchos comercios que venden desde pistolas pequeñas, hasta ametralladoras de alto calibre, incluso morteros y rifles de tal dimensión que calificarían como cañones portátiles. Y la mayoría de esos puestos de venta se encuentra en la cercanía de la frontera con México. Ebrard citó en específico el condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, donde la concentración de mercachifles de la muerte resulta desproporcionada en relación a su población.

Ya México había demandado a los fabricantes de armas, pero un juez lo desestimó porque, “a pesar de que México tiene razón –arguyó-, una ley del 2005 otorgó inmunidad a las empresas por el uso de sus armas.” El secretario anunció que apelará esta decisión, y demandará nuevamente, ahora en Arizona, a la industria y comercio armamentista con base en una ley que acaba de aprobarse allá que establece como delito federal el tráfico de armas y penaliza a los prestanombres que las adquieren y entregan a los delincuentes.

El problema que genera esta industria es ingente: “De enero de 2020 a la fecha, México ha decomisado 55,966 armas en la frontera Norte, de las cuales 21,430 son de alto poder. Una cifra superior en número y capacidad de fuego a todo lo que compramos en un año para nuestras fuerzas armadas o las policías”, informó el Canciller.

Ahora bien, si se decomisan unos 56,000 artefactos de esos en menos de tres años, seguramente la cifra de los que sí cruzan la frontera hacia el Sur puede ser mucho mayor: entre 180,000 y 280,000 si el porcentaje de pérdida de los contrabandistas oscilara entre el 30% y el 20% de lo que adquieren para traer al país...

Estas cifras se reflejan en la cantidad de habitantes que sucumben anualmente por el uso de estas armas. Desde tiempos de Calderón las muertes atribuidas a sicarios se han incrementado año con año, de ahí la afirmación de que, sólo deteniendo la entrada de armas, se podrá reducir la violencia.

Se trata de un problema antiguo, sin duda, vamos para dos décadas de sufrirlo en extremo. Y en ese mismo periodo los comerciantes y los fabricantes de la muerte se han forrado de dólares facilitando a los asesinos los instrumentos adecuados para su siniestro oficio: Han sido cómplices legales de los crímenes y en esa cadena de delitos que puntean con muerte nuestra sociedad se encuentran los que disparan, y los que los mandan hacerlo; los que distribuyen los narcóticos y les permiten ganancias que invierten en armas; los que las traen, y quienes les facilitan el paso franco hacia nuestro territorio.

Pero también son secuaces de los asesinatos quienes les venden equipo y municiones, los que las producen y, por supuesto, también son corresponsables de tanta muerte aquellos legisladores del otro lado que votan reiteradamente para permitir la venta indiscriminada de esas armas...

Algunos de estas gestiones perversas las consideran “legales”, pero no son legítimas...