Quién no condena el mal, ordena que se haga

“Quién no condena el mal, ordena que se haga”. Esta frase de Leonardo Da Vinci son palabras que reflejan cómo la historia recordará el legado de Andrés Manuel López Obrador: Un Presidente que no negoció con el crimen organizado, sino que sometió al País, gracias a su fallida estrategia de “Abrazos y No Balazos”.

Ante las recientes declaraciones de Manuel Espino, ex panista, ahora político oficialista, sugiriendo que había por lo menos dos grupos delincuenciales que estaban dispuestos a negociar con el Gobierno federal, el Presidente de México de nuevo tuvo que asegurar que su Gobierno no negocia con grupos del crimen organizado.

El legado histórico de la 4T señalará otra cosa.

Aún siendo candidato, López Obrador ya “negociaba” con el crimen organizado, mediante sus posiciones y comentarios sobre estos grupos y algunos personajes ligados al crimen organizado. Ya como Presidente, la frase “abrazos y no balazos” no sólo fue la forma de distanciarse de la estrategia de Felipe Calderón, pero también fue una forma de comunicar que su Gobierno estaba dispuesto a negociar, indirectamente, con grupos violentos.

En algunos años se sabrá si hubo una negociación directa con representantes o líderes de grupos como el cártel de Sinaloa. No me queda la menor duda que eventualmente esta información se balconeará, ya sea por los mismos miembros del cártel, por actores antagónicos, o por algún Gobierno extranjero, en este caso, agencias estadounidenses.

Pero ciertamente, el comportamiento y los mensajes del Presidente y su equipo indican que hay una negociación indirecta con algunos grupos: Incluye la deferencia del Presidente, reuniones públicas y privadas con familiares o representantes, comentarios conciliadores, hasta la forma en que el Presidente decide a dónde va a viajar.

Simple y llanamente hay que preguntarnos cuántas veces el Presidente de México ha cuestionado la violencia generada por el cártel de Sinaloa, o el hecho de que esta organización controla varias ciudades, regiones, del País. Lo que dice y hace el Presidente de México tiene un impacto y debe interpretarse dentro de una dinámica de cuáles son las prioridades del Estado. Por ejemplo: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha viajado más a Badiraguato que a los Estados Unidos.

Seguramente en Palacio Nacional este último comentario es injusto, pero estas decisiones del Presidente envían un mensaje de cuáles son sus prioridades, no sólo a la población, a la oposición, a gobiernos extranjeros, sino también otros grupos violentos y del crimen organizado.

Y es aquí donde surge la pregunta si los mensajes y las posiciones del Presidente deben de interpretarse como una negociación, sometimiento, o una extorsión. Y si asumimos que es una negociación, ¿qué está sobre la mesa? ¿Abandonar los negocios ilegales, dejar de atacar a la población y no “calentar” la plaza, financiar candidatos oficiales, usar el monopolio de la fuerza para controlar otras organizaciones criminales?

Y la pregunta es ¿a cambio de qué?

Es cierto que alrededor del mundo, gobiernos han “negociado” con actores violentos, incluyendo grupos del crimen organizado. Ante los comentarios de Manuel Espino, el hecho de que la violencia no disminuye, el aparente incremento del control territorial, catastrófico número de desaparecidos y la insistencia del Presidente de no cambiar su estrategia de “abrazos y no balazos”, de nuevo subrayó la diferencia entre negociación, sometimiento y extorsiones en base a mi experiencia en Colombia.

Hace algunos años subrayé en este espacio que cuando un grupo de criminales acuerda no ejercer violencia en contra de la población civil, a cambio de continuar con sus actividades delictivas, no es una negociación, es el sometimiento del Estado ante la incapacidad de proteger la población. En el caso de Colombia en los 90, el Gobierno ofreció a los capos del narcotráfico la opción de entregarse a la justicia, confesar todos sus delitos, entregar sus bienes, y colaborar con las autoridades a cambio de una reducción hasta la mitad de la pena y la no extradición a EU. Para algunos capos fue una forma de limpiar su nombre, cumplir penas reducidas y proteger a sus familias de investigaciones penales. Otros capos, que no cumplieron lo acordado, fueron extraditados a los Estados Unidos.

La premisa es que el Estado esté dispuesto a usar la fuerza si es necesario que empuja a los criminales a negociar, y además tiene que existir un sistema de justicia penal que pueda perseguirlos y someterlos si no cumplen con lo acordado. Y obviamente una voluntad política de perseguirlos por el daño que le hacen a la sociedad y a la cultura democrática.

En México no hay disposición de hacer uso de la fuerza, no hay un sistema de justicia penal capaz de perseguirlos y claramente no hay voluntad política. Por lo tanto, la estrategia es de sometimiento o es una simple extorsión por parte del crimen organizado.

Ana María Salazar es analista política y experta en temas de seguridad.

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