El doble rasero de los fideicomisos

Pesa sobre el Poder Judicial la amenaza de extinción de la mayoría de sus fideicomisos. Quizá cuando usted lea esto ya se extinguieron.

En el caso de muchas otras instituciones la amenaza se cumplió. Según Leonardo Núñez (Fondos y Fideicomisos, Nexos, julio 2021) en la primera ronda de extinciones (2020-2021), se extinguieron o estaban en proceso de ser extinguidos 109 fideicomisos. Desde pequeños fondos de menos de un millón de pesos como el del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo pasando por Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y Evaluación Conacyt-Coneval con 30.6 millones, hasta el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos con más de 13 mil millones. Así se hizo el Gobierno, por lo menos, de 63 mil millones de pesos.

No hubo movilización, amparos o cabildeos para que estas instituciones, la mayoría del ámbito científico y tecnológico, pudieran detener el tsunami que de repente se les vino encima.

Se adujo la falta de propósito e inutilidad de esos fideicomisos, su opacidad y la corrupción que campeaba en su manejo. Nunca se probó. Tampoco podemos probar el destino de los recursos que se sustrajeron de las instituciones afectadas. Se fueron a donde decidió el Presidente. A los que defendimos la permanencia de los fideicomisos se nos acusó de estar defendiendo la corrupción.

En ese momento, todavía presidía la SCJN Arturo Zaldívar. AMLO ya criticaba los sueldos y prestaciones de esa burocracia dorada, pero no se puso sobre la mesa la extinción de los fideicomisos del PJ.

La situación es distinta desde que llegó a la presidencia de la Corte la ministra Piña y diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales comenzaron a resolverse en contra de leyes aprobadas por la mayoría del partido del Presidente y sus aliados.

Las ganas de debilitar al PJ y en particular a la Corte no han cesado. Ahí están los intentos por colocar a ministros y ministras afines en la Corte, dañar su reputación y la de los jueces e intentar prolongar el mandato de Zaldívar.

El flanco por el que ahora se quiere atacar es el presupuestal. De 2018 a 2023 al PJ se le recortaron el 17.4% de sus recursos. Veremos en el 2024. Pero a manera de probadita, Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para extinguir trece de los catorce fideicomisos del PJ (seis del Consejo de la Judicatura, seis de la Suprema Corte y dos del Tribunal Electoral) que suman más de 16 mil millones de pesos. Dichos recursos irían a dar a la Tesorería de la Federación y de ahí al limbo de la opacidad.

La iniciativa plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que desaparezcan todos los fideicomisos salvo el Fondo para la Administración de Justicia. La razón, según la exposición de motivos, es que necesitamos un “Poder Judicial independiente, imparcial y eficaz, auditable y austero”. Cómo es que la existencia de un Poder Judicial con estas características se logra con la extinción de estos fideicomisos, es un misterio.

En todo caso, lo que aplica aquí es eso de que se haga justicia en los bueyes de mi compadre. ¿Por qué no comenzar por casa? Por qué no se plantea la existencia de un Poder Legislativo independiente, imparcial, eficaz, auditable y austero. O, mejor aún, un Poder Ejecutivo con esas mismas características.

La justificación del Presidente defendiendo la extinción de los fideicomisos no es distinta pero sí más poderosa por su origen. El 99% de los y las mexicanas no están pendientes de las iniciativas legislativas, pero qué tal de las declaraciones del Presidente cuando dice que los jueces y los ministros son corruptos, abusivos y están al servicio de una élite. Esto sí se oye, se reproduce y se difunde. Esto sí es popular. Sobre todo cuando se dice que esos recursos podrían ir a aliviar las carencias del pueblo, aunque no sea cierto.

No nos hagamos bolas. Nadie está en contra de que los fideicomisos sean transparentes, que sus recursos se apliquen para los propósitos para los que fueron creados, que se auditen y que tengan fondos de procedencia lícita. Pero no ha habido ningún argumento en ese sentido ni tampoco se ha exhibido prueba alguna -si la hay- sobre corrupción.

La única explicación detrás de esa iniciativa, es decir de la voluntad del Presidente de extinguir los fideicomisos, es política. Tú obstaculizas mi proyecto aunque con ello estés haciendo tu trabajo y defendiendo la Constitución y yo te fastidio como pueda y hasta donde pueda. Y si de paso me hago con recursos para terminar mis obras emblemáticas y mis programas sociales, que de austeridad, transparencia, eficacia y auditabilidad no tienen nada, pues cuánto mejor.

Así de sencillo. Una venganza. Y pregunto. Si los argumentos para la extinción de los fideicomisos son tan contundentes y poderosos, ¿por qué no están sobre la mesa aquellos que pertenecen a Sedena y que suman más de 97 mil millones de pesos? O, ¿los otros 176 fideicomisos (557 mil millones) de otras dependencias del Gobierno federal?

María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.