¿Quién irá a la cárcel? ¿Rosa Icela, Luisa María, Laura o Evelyn?

¿Quién asumirá los costos políticos, administrativos y penales de la debacle y crisis humanitaria en Guerrero por la incapacidad y negligencia en anticipar y reaccionar al huracán “Otis”? ¿Quién irá a la cárcel? ¿La secretaria de Seguridad o la de Gobernación? ¿O el chivo-chiva expiatorio será la coordinadora nacional de Protección Civil o la Gobernadora de Guerrero?

Para poner en contexto el riesgo jurídico que enfrentan estas cuatro mujeres, recordemos de qué se le acusa al ex procurador Jesús Murillo Karam: Básicamente son delitos de negligencia -ya que el no desapareció, no torturó, no asesinó a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su delito es de negligencia, resultando en la incapacidad de la Fiscalía de enjuiciar a los asesinos ni encontrar el paradero de los normalistas. Pero también él es el chivo expiatorio ante la incapacidad de la Fiscalía General de la República de perseguir a los asesinos. Por eso Murillo Karam sigue detenido, a pesar de su edad y mala salud -aunque posiblemente podrá pronto tener derecho a detención domiciliaria.

¿Y por qué no señalar en este grupo de acusados al secretario de Defensa y de la Marina? Resulta que, en papel, una de las funciones que sigue siendo responsabilidad en el ámbito civil es el ámbito de Protección Civil -y seguramente cualquier acusación de negligencia de las Fuerzas Armadas se argumentará la incapacidad de la secretaria de Seguridad Pública o de Gobernación.

Y aunque la reforma constitucional que ordenó que las estructuras de protección civil se transfirieran de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana, la verdad es que quedó deficiente la reforma. Hay muchas funciones en protección civil que legalmente siguen bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación, agregando a la confusión, incapacidad y a la negligencia.

Y aunque en este momento las secretarias Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Alcalde, la coordinadora Laura Velázquez Alzúa y la gobernadora Evelyn Salgado seguramente se sienten protegidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este paraguas político no será eterno. Sin importar los vaivenes políticos en los siguientes años, seguramente se iniciarán procesos administrativos y civiles en contra de estas cuatro mujeres. Y no me sorprendería que incluso investigaciones penales.

¿De qué se les acusará? Negligencia criminal por incumplimiento de sus responsabilidades que resultó en la muerte innecesaria de ciudadanos mexicanos y extranjeros, entre algunos de los delitos que enfrentarán.

Seguramente ellas y sus defensores argumentarán que el huracán “Otis” fue un huracán “atípico”, sorpresivo e impredecible. Al igual que otros huracanes en anteriores sexenios, desafortunadamente hubo muertes y destrucción, por lo tanto, ellas no deben de asumir las consecuencias administrativas, civiles y penales.

Esta defensa sería viable solamente si estas cuatro mujeres pudieran comprobar que tomaron todos los pasos recomendados por la estrategia de protección civil y coordinaron esfuerzos según marca la ley y los protocolos.

Alrededor del mundo, México es reconocido por su capacidad de enfrentar grandes y peligrosos desastres naturales. De hecho, con mucho orgullo envía al extranjero elementos militares y civiles para apoyar a países hermanos que enfrentan desastres y requieren del conocimiento y experiencia de funcionarios mexicanos. Entonces cómo explicar la tardía y casi nula alerta a la población de Acapulco.

A sólo horas de que pegara en las costas, el mismo secretario de Gobierno del Estado de Guerrero se encontraba clausurando el evento minero más importante del País, los turistas se encontraban en los antros, la población se encontraba en sus casas, la mayoría durmiendo. Simple y llanamente nadie se preocupó por avisar que estarían enfrentando uno de los huracanes más peligrosos en la historia del País.

Alguien deberá de asumir las consecuencias de esta negligencia y esta incapacidad. Y habrá un enfrentamiento entre las funcionarias sobre la responsabilidad dada tanta incapacidad y negligencia.

La primera pregunta que harán los abogados a estas funcionarias será sobre su experiencia y conocimiento que justificará sus nombramientos -asumir puestos donde la falta de experiencia y capacidad resulta en muertes en sí podría ser un delito.

La segunda pregunta para las secretarias, coordinadora y Gobernadora, y tendrá qué ver con sus actividades las 48 horas antes y horas después de que impactar “Otis” las costas en Guerrero.

Las respuestas seguramente nos sorprenderán y tendrá un impacto político para la Cuarta Transformación.

Hace una hora, cuando me encontraba escribiendo esta entrega, hubo un sismo con magnitud 5.1 en Cintalapa Chiapas. Pensar que, ante el gran temblor que eventualmente impactará el Centro del País, estaremos en manos de funcionarias como Rosa Icela o Luisa María. Por eso la importancia de establecer responsabilidades, para asegurar que en el siguiente sexenio se nombren personas con experiencia y conocimiento.

Ana María Salazar es analista política y experta en temas de seguridad.

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