La seguridad pública

Los sucesos violentos en la carretera a Bahía de Kino, la muerte de una pequeña de 12 años encontrada en el Norte de Hermosillo, los enfrentamientos o ajustes en Cajeme, entre otros eventos que se presentaron durante la semana pasada, formularon un acertijo difícil de responder debido a que estos hechos se presentaron justo en los días en que las autoridades referenciaban, usando datos de Inegi, una baja en la percepción de inseguridad en Sonora.

Considero que de ninguna manera se deben descalificar los datos que ofrece la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana recién publicada, ni tampoco las voces tanto de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sonora, ni de los jefes de las distintas corporaciones de policía que dieron algunas entrevistas sobre las acciones de Gobierno que se vienen implementando buscando reducir este flagelo.

Más allá de que el tema de la seguridad pública en México sea un asunto de descontento reiterado en el marco de los procesos electorales en marcha, no debemos soslayar que cada policía municipal, estatal, Guardia Nacional, o miembros del Ejército, son al igual que muchos de nosotros empleados públicos, con la diferencia de que el trabajo de un gran número de ellos y ellas se encuentran en el “campo de batalla”, en el cual la probabilidad de morir es más alta que otras profesiones.

En ese sentido, es común escuchar las descalificaciones sobre el fracaso de la política de seguridad nacional con la cual también se desacreditan los esfuerzos de las distintas corporaciones policiales y armadas.

Desde los años de Felipe Calderón, pasando por Peña Nieto, y durante este sexenio, los datos sobre homicidios dolosos o de alto impacto se vienen usando como evidencia política de que los gobiernos no han funcionado. No pongo en duda esas afirmaciones, pero imagino el siguiente escenario: Suponiendo que gane quien gane en las elecciones presidenciales próximas, y seis años después, en 2030, la ciudadanía continúa molesta o afectada por los efectos más graves aún de las acciones de las bandas delincuenciales.

Me atrevo a decir que, de nuevo, el tema de la seguridad pública será el corazón de la elección presidencial de ese año y, también se podrá decir que la política de seguridad “es un fracaso”, como gustan decir muchos en estos tiempos.

Es por ello que es importante, insisto, más allá de lo electoral, barajar las opciones entre las opciones que algunos especialistas vienen señalando. Por una parte, decidir si en realidad México requiere un tipo de Estado que suba el ritmo en las “batallas de campo”, que enfrente con mayor rigor a los criminales con el poder de las balas, con los riesgos que eso implica para la sociedad; o por otra parte, como recién afirmó en la Universidad de Chicago, el profesor Eduardo Guerrero, pensar en un tratado de seguridad para América del Norte, desde donde se unifiquen estrategias para enfrentar la crisis del fentanilo, de migrantes, de tráfico de armas, entre otras, pero desde una posición más especializada que inicie con la separación y sentencia de los cuerpos policiales y de funcionarios que están coludidos con el crimen.

Incluso, una afirmación interesante que este especialista señaló refiere que “la reducción de homicidios no se hace por buenas prácticas de Gobierno, tiene que haber cabildeo con los jefes criminales…”

A lo anterior podemos sumar la tesis que afirma el profesor Rafael Prieto, del Centro Científico de la Complejidad de Viena, la cual consiste en que “reducir el reclutamiento de los cárteles es la única manera de bajar la violencia en México”. En una colaboración próxima abordaré esta propuesta.