Reversa en glifosato
El Gobierno de López Obrador se echó finalmente para atrás en la prohibición del glifosato. Lo hizo, sin embargo, faltando solamente seis días para que entrara en vigor.
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La agricultura orgánica produce entre 29 y 44% menos alimento que los métodos convencionales”,
Bjorn Lomborg, Copenhagen Consensus.
El Gobierno de López Obrador se echó finalmente para atrás en la prohibición del glifosato. Lo hizo, sin embargo, faltando solamente seis días para que entrara en vigor la prohibición, con lo cual generó una costosa incertidumbre en el mercado del herbicida. Los precios ya se habían disparado. Las organizaciones de productores del campo, así como los fabricantes de productos químicos para la agricultura, advirtieron que la prohibición agravaría profundamente la crisis de producción que ya se está viviendo en el campo como consecuencia de la sequía y las malas políticas públicas.
El Gobierno del “Prohibido prohibir” trató de prohibir por primera vez el glifosato el 31 de diciembre de 2020, pero el decreto fue declarado ilegal por los tribunales. El segundo intento tuvo lugar el 13 de febrero de 2023, en un decreto que aplicaría la prohibición a partir del 1 de abril de este 2024. Este segundo decreto, sin embargo, señalaba que la prohibición se aplicaría sólo que hubiera alternativas para reemplazar la sustancia. Ni el Conahcyt ni nadie más, sin embargo, ha logrado inventar alguna sustancia o método de producción que permita reemplazar el herbicida más usado del planeta. Dice el Gobierno en su retractación que sigue buscando ese posible reemplazo: “Se determinó continuar en la búsqueda de alguna alternativa de amplio espectro y de baja toxicidad que sustituya al glifosato y que permita mantener la productividad de quienes optan por este insumo”.
Los productores del campo y las asociaciones de la industria de agroquímicos han aplaudido la decisión. El Consejo Nacional Agropecuario, que encabeza Juan Cortina, emitió el 26 de marzo un comunicado en el que “manifiesta su apoyo a la decisión del Gobierno de México de mantener el uso del glifosato en la agricultura mexicana hasta que se encuentren alternativas viables que no comprometan la seguridad agroalimentaria del País”. Añadió, sin embargo: “Es fundamental que las opciones que se consideren estén disponibles en cantidades suficientes, sean accesibles en costos para todo tipo de productor, que se demuestre científicamente que funcionan y que se encuentren integradas a las cadenas de comercialización a nivel nacional”.
El glifosato es un producto químico y, por lo tanto, puede ser peligroso. Sólo puede usarse de la manera que se establece en su etiquetado. Lo mismo ocurre con otros productos muy útiles, como la sosa cáustica o los fertilizantes, los cuales no pueden ser ingeridos directamente por las personas. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la Unión Europea y decenas de países en el mundo han autorizado el uso de esta sustancia.
Uno puede entender el deseo de lograr una agricultura completamente orgánica como la que pretenden los fundamentalistas dentro del Gobierno mexicano, como el subsecretario de agricultura Víctor Suárez y la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, que impulsaron la prohibición del glifosato. Las experiencias internacionales, sin embargo, han sido negativas. En abril de 2021, por ejemplo, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, prohibió los fertilizantes sintéticos y los pesticidas. Ese mismo año la producción de arroz, el grano fundamental en la dieta del país, cayó 14% y los precios subieron 43%. La producción de té, principal producto de exportación, descendió 15% anual en el primer trimestre de 2022. Pronto estalló una revuelta popular que derrocó al Gobierno.
El presidente López Obrador no esperó a que las cosas se complicaran tanto como en Sri Lanka. Eso, por lo menos, hay que agradecerle.
Llamas
México está en llamas. Según la Conafor hay 116 incendios forestales en este momento en el País, sólo que cada vez hay menos recursos para combatirlos. El presupuesto de Conafor ha caído de 5,361 millones de pesos en 2018 a 2,672 millones en 2024. El problema, supongo, es que los bosques no votan.
Sergio Sarmiento