Al autoritarismo
En realidad, hay que temer a la posible extinción de la democracia con la eliminación de un Poder Judicial autónomo.
JAQUE MATE
“El objetivo de todos estos cambios no era hacer que funcionara mejor el gobierno. El propósito era volver el gobierno más partidista, los tribunales más obedientes, más sujetos al partido”.
ANNE APPLEBAUM
Cuando ganó la elección presidencial del 2 de junio Claudia Sheinbaum declaró: “Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia, y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos”. Tres semanas después, el 25 de junio, afirmó sobre la reforma judicial: “Siempre estamos abiertos al diálogo, pero por eso está abriéndose un espacio de discusión, de propuestas, porque es ahí donde se va a decidir”.
Estas palabras de tolerancia se han marchitado con rapidez. La Presidenta electa hoy repite constantemente las posiciones de un presidente López Obrador empeñado en castigar al Poder Judicial por haber invalidado iniciativas y medidas violatorias de la Constitución y de las leyes.
Tras rechazar la posición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en torno a la sobrerrepresentación legislativa, el Presidente mintió al decir que lamentaba que esta organización “esté pidiendo que se viole la Constitución. Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros”. Sheinbaum afirmó a su vez sobre la reforma judicial: “No hay que tenerle miedo a la democracia”.
En realidad, hay que temer a la posible extinción de la democracia con la eliminación de un Poder Judicial autónomo. Anne Applebaum, la escritora estadounidense-polaca, ha meditado sobre este tema en El ocaso de la democracia, en el cual desmenuza “el atractivo seductor del autoritarismo”. Describe, entre otras cosas, por qué los políticos que llegan al poder por las urnas, pero que pretenden construir regímenes autoritarios, buscan acabar con la independencia de los jueces. “El político iliberal quiere minar los tribunales para darse más poder. Pero necesita también a gente que pueda usar un lenguaje legal refinado, gente que pueda argumentar que violar la constitución o torcer la ley es la forma correcta de actuar”.
Applebaum ofrece en su texto una descripción principalmente de la Polonia autoritaria, pero el político iliberal se da también en otros países en los que gobernantes de talante autoritario han llegado al poder por medios democráticos. Ha sido el caso, por ejemplo, de la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, o de la Nicaragua de Daniel Ortega. Hoy el Presidente de México ha emprendido el mismo camino con una iniciativa que busca destruir la autonomía judicial.
Que López Obrador pretenda acabar con un sistema de justicia que, pese a sus defectos, ha sido independiente en los últimos años, no sorprende. Ya en 2006 anunció que mandaría “al diablo sus instituciones”. Ayer se lanzó nuevamente contra quienes quieren evitar la sobrerrepresentación del gobierno en el Congreso y dijo que solo buscan proteger la corrupción. Que lo haga él es natural, pero en el caso de Sheinbaum es más preocupante: AMLO ya se va, ella se queda.
La calificadora Fitch ha advertido sobre los problemas que enfrentará Sheinbaum en su gobierno. Uno de los principales será la deuda, no solo la gubernamental, sino también la de Pemex, la otra es la incertidumbre generada por el golpe contra el Poder Judicial. Un gobierno autoritario, sin jueces independientes, puede ser eficaz, pero la falta de contrapesos genera temores entre los inversores. Un régimen de partido único sin un Poder Judicial independiente no es de fiar.
T MEC
AMLO mandó una carta a Biden para protestar por el apoyo de 111 millones de pesos que Usaid ha dado a MCCI este sexenio. Olvidó, sin embargo, que Usaid ha aportado muchísimo más dinero al gobierno mexicano. Tampoco recordó que, en su artículo 27.5, el T-MEC ordena adoptar medidas apropiadas para “promover la participación de individuos y grupos fuera del sector público” para “prevenir y combatir la corrupción”.
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