Final de sexenio complicado y Paro en el Poder Judicial

Por más que el presidente López Obrador quiera minimizar los efectos del paro en el Poder Judicial de la Federación (“A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza -y también respeto- de que hasta nos va a ayudar a que, si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado; y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco”), la realidad es que esta huelga está abollando el final de su sexenio.

Súmese la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, y su carta quemando al Gobernador de Sinaloa, más lo que pueda suceder en los últimos 40 días de esta administración, y lo que resulta es un final de gobierno atribulado.

Cuando las cosas se le enmarañan al tabasqueño, suele radicalizarse como mecanismo de defensa. Ya está ocurriendo. Trae la espada desenvainada en sus últimas mañaneras dando tajos a los sospechosos usuales.

No parece un Presidente en retirada sino en plena campaña.

Así es AMLO y seguirá siendo hasta el 30 de septiembre en que termina su gestión y, quizá -ésa es la gran duda- después como ex Presidente.

Dice López Obrador que “no pasa nada” con la huelga en el Poder Judicial. Difiero. Claro que pasa, y mucho.

Para empezar, se detiene la justicia federal que es la última instancia jurisdiccional en el País. Por tanto, no se podrán interpretar las leyes, resolver las controversias que surjan

entre particulares en asuntos de competencia federal, evitar que una autoridad viole los derechos humanos y/o arbitrar conflictos entre autoridades. Son miles de juicios que quedarán detenidos. O la mayoría porque, en un ejercicio de responsabilidad, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han anunciado que sí atenderán casos de emergencia.

¿Puede un País funcionar sin tribunales de última instancia?

Supongo que sí, pero por unos días. No en la medida en que se prolongue este paro, pues se irá imponiendo un caos en las materias civil, mercantil, penal, laboral, agraria, administrativa, fiscal y constitucional.

Interesante es que el Tribunal Electoral, que formalmente pertenece al Poder Judicial de la Federación, tiene autonomía y sus trabajadores han decidido no integrarse a este paro de labores en contra de le reforma judicial. Detener en este momento la materia electoral dejaría al País sin cámaras de diputados y senadores a unos días en que constitucionalmente tienen que tomar posesión el 1 de septiembre. Eso sí que les dolería a todos los morenistas, los que van de salida y entrada, quienes están esperando que el Tribunal Electoral les dé la razón en el criterio de sobrerrepresentación con el fin de tener mayoría calificada en ambas cámaras y así proceder a reformar la Constitución. Pero no es el caso, para fortuna del oficialismo.

Además de la paralización de las actividades judiciales, la huelga en el Poder Judicial afecta la imagen de un gobierno que no podrá presumir que termina con relativa paz social.

Las protestas sociales -y esto lo sabe muy bien AMLO que es experto en la materia- trasmiten la idea de desorden en el País. Se percibe descontento, independientemente si las causas de la movilización sean justas o no. En las ciudades, sobre todo en la capital, se bloquean vías principales. La Policía aparece con el peligro de intervenir de manera desmedida y causar un zafarrancho.

Así que López Obrador, lejos de irse con pompa y circunstancia, en un País tranquilo que lo vitorea, dejará por lo menos un conflicto peliagudo que heredará la nueva Presidenta.

Si de por sí son muchos problemas que deberá resolver Claudia Sheinbaum, lo que menos quiere, supongo, es llegar el 1 de octubre con más de cincuenta mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación en huelga y movilizándose en las principales ciudades del País.

Hace poco escribí, y ahora reitero, que, en lugar de aprovechar el gran poder y legitimidad que logró Morena en las urnas para, por ejemplo, hacer una reforma fiscal que arregle de cuajo el problema estructural de la baja recaudación tributaria, el primer año de Claudia se utilizará en la ejecución de una absurda reforma que incluirá la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.