Dar a cada quien lo suyo

Los ejemplos de insensatez de los gobernantes a lo largo de la historia abundan. No me sorprenden los deseos de transformar la naturaleza misma del Estado en busca de concentrar el poder y a la vez regresar a los tiempos de opacidad en la gestión pública. Los cambios que se habían logrado siempre fueron para ampliar derechos ciudadanos, acotar discrecionalidad del gobernante y sobre todo para sujetar acciones de gobierno a un principio de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y respeto a derechos humanos.

La historia nos deja múltiples lecciones donde voces contemporáneas advertían sobre las consecuencias de las acciones. Voces ignoradas por soberbia, ceguera y sordera de los hombres en el poder.

Esta semana que termina, por línea partidista, sin un auténtico debate sobre diagnóstico, méritos, posibilidades y consecuencias se han votado en comisiones de diputados una serie de dictámenes que socavan la vida institucional, erosionan garantías individuales, empoderan al Estado y su burocracia en detrimento de ciudadanos. Me sumo a quienes sostienen que instituciones del Estado, hoy bajo amenaza legislativa, tienes innumerables posibilidades de cambio para mejorar, al igual que me sumo a quienes sostienen que sería adverso el giro que daría México en caso de que prosperaran los dictámenes ya votados.

En una narrativa pública donde ya no existe posibilidad de disentir, donde la polarización impera y cualquier crítica, sea esta constructiva o no, automáticamente genera una reacción de descalificación y denostación sobre quien levanta la voz. Los vituperios desde los más altos púlpitos de la administración pública se han generalizado y más preocupantes aún se han convertido en parte de la normalidad. Es inaceptable que una democracia, un servidor público, sin importar su nivel, insulte a quien de forma respetuosa declare no estar de acuerdo. Quienes temporalmente son depositarios del poder, al igual que muchos que los antecedieron, se han convertido en todo aquello que ellos mismos criticaban cuando eran oposición.

A juzgar por lo observado, los principios, congruencia, honorabilidad y moral de un puñado de mexicanos se pueden comprar por 30 monedas de plata. No alcanzaría el espacio para señalar a los personajes públicos que por un puesto, se han traicionado a sí mismos, repudiando todo aquello por lo que lucharon, aquello que les dio relevancia en la vida pública y aquello que con tanta vehemencia defendían.

También están esos personajes que se autodesignan políticos profesionales (sic), que han logrado en el servicio público desde sus humildes orígenes amasar grandes fortunas, algunos de ellos habiendo militado en múltiples partidos, sobre quienes no podemos señalar haber traicionado ningún principio. No se puede traicionar aquello que nunca existió.

Es improductivo buscar racionalizar los motivos de quien impulsa esta transformación. Las hipótesis públicas abundan, Goethe aventuraría sobre “la esencia del caniche”, Rubén Darío nos ilustraría con “los motivos del lobo”, sin dejar a un lado la muy mexicana explicación de que “aquello que no suena lógico, suena metálico”. Lo que sí es productivo es agotar todas las instancias legislativas, jurisdiccionales, políticas y de resistencia.

Santo Tomás de Aquino sostenía que ninguna ley injusta obligaba en el fuero de la conciencia, concluyendo que “una ley injusta no es ley en lo absoluto”. Tiempos traen tiempos. Ni las derrotas son para siempre, ni las victorias son eternas.

No hay nada nuevo bajo el Sol, siempre han existido aspiraciones de concentrar el poder y gobernantes corruptos y permisivos ante actos de corrupción. Lo que sí es inusitado es la destrucción de contrapesos, institucionalizar los mecanismos de extracción de recursos públicos, así como el afán de colonización y captura institucional. La búsqueda de estar por encima de la ley, fuera del alcance de la justicia, al legalizar opacidad, colusión, militarización e institucionalizar reservas por causa de seguridad nacional, para no sufrir afectaciones personales y patrimoniales, en una democracia, es inaceptable.

Las consecuencias inmediatas del asalto legislativo en curso están a la vista.

La economía mexicana en el segundo trimestre creció 1%, una desaceleración por séptimo trimestre consecutivo. El peso cerró esta semana con una depreciación del 2.41% contra el dólar. La inversión extranjera, que está dentro de las buenas noticias al registrar un incremento de 7.1% para llegar a 31 mil 096 millones de dólares en el segundo trimestre sobre el año anterior, solo registró 909 mdd de nuevas inversiones contra 2 mil 135 mdd de 2023. En julio, el IMSS reportó 38 mil 428 nuevas plazas laborales, llegando a 22 millones 141 mil 175 trabajadores asegurados. Para lograr atender “primero los pobres” es urgente que la economía crezca de forma sostenida, para lo cual se requiere la certidumbre que da un Estado de derecho. El señalar lo obvio es complicado y conlleva riesgos. Domicio Ulpiano, el gran jurista romano, fue exiliado en el gobierno de Heliogábalo por ser “hombre de bien”. A la muerte de Heliogábalo regresó como asesor del emperador y prefecto del pretorio, desde donde buscó reducir los privilegios que se le habían concedido a la guardia pretoriana y aumentar el control sobre el elemento militar. Las tres máximas por las que es recordado, piedras angulares del Estado de derecho, vigentes hasta hoy, son: Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada quien lo suyo.