Subir los costos de la reforma judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sí puede analizar la reforma judicial. Para tal efecto, ocho de los once ministros utilizaron un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) que establece que el Pleno de la Corte “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del PJF y la independencia de sus integrantes”.

Esto abre la posibilidad de que, primero, la ministra presidenta, Norma Piña, decida si otorga o no una suspensión que podría congelar la implementación de la reforma judicial mientras el asunto se decide en el pleno de la SCJN. Luego los ministros tendrían que resolver la controversia si la reforma constitucional en materia judicial es legal o no, ya sea por un problema de forma o fondo.

El tema es muy controversial desde el punto de vista jurídico. He escuchado opiniones de letrados de mucha reputación que piensan diferente. Hay quienes creen que la SCJN no puede detener una reforma constitucional y hay los que consideran que sí puede hacerlo.

Yo, como no soy abogado, no me meto en esta polémica. Lo que me interesa es analizar el tema político de la reacción del PJF a la reforma judicial.

Parto de la premisa de que los gobiernos saliente y entrante desacreditó y defenestró a todos los miembros del PJF. Por un lado, caracterizaron a los juzgadores como unos corruptos que solo defienden los intereses de la oligarquía. Por el otro, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada, tan pronto como el año que entra tendrán que dejar sus puestos para dejárselos a juzgadores directamente elegidos en las urnas. En otras palabras, los han pintado como deshonestos y los han despedido de sus trabajos.

Agraviados y sin chamba, ¿qué tienen que perder en toda esta historia?

¿Por qué deberían proceder al cadalso sin chistar?

En realidad, tienen todos los incentivos para hacer lo contrario, es decir, pelear, protestar, patalear y gritar. Subirle, todo lo que puedan, el costo a los morenistas del Ejecutivo y Legislativo que los han insultado y decapitado. Producir una crisis constitucional que manche la reputación del gobierno entrante.

Por lo pronto, el Congreso ya ha desconocido órdenes de jueces que les impedía legislar en materia judicial. Y cuando el mismísimo gobierno desobedece órdenes de jueces se envía un mensaje ominoso al resto de la sociedad. ¿Por qué una persona física o moral debe obedecer fallos judiciales cuando instituciones gubernamentales no lo hacen?

En un Estado de Derecho, las decisiones de los juzgadores deben ser obligatorias para todos. Los que las desobedezcan deben ser castigados.

Hacia adelante, la SCJN podría declarar que la reforma judicial no debe implementarse hasta no ser analizada por la misma Corte. Esto le impediría al Instituto Nacional Electoral (INE) proceder a organizar las elecciones judiciales para el año entrante. Tanto el Ejecutivo como Legislativo podrían rechazar esta resolución y presionar al INE para que sí comience con el proceso electoral. Esto generaría una crisis constitucional porque, ¿a cuál de los poderes le haría caso las autoridades electorales?

El Ejecutivo y Legislativo tienen más poder real que el Judicial porque cuentan con legitimidad social y, además, controlan las instituciones coercitivas del Estado. Pero no se debe menospreciar el alto costo de imagen política para el Gobierno entrante por la existencia de un Judicial ordenando suspensiones sin que autoridades les hagan caso.

Más aún, imaginemos que la SCJN efectivamente le entra a analizar la reforma constitucional en materia judicial y la declarara ilegal, ya sea por deficiencias en la forma en que fue aprobada o por cuestiones de fondo. Los ministros actuales de la SCJN ordenarían la permanencia del statu quo ante por lo que jueces, magistrados y ministros permanecerían en sus puestos.

Ante esta decisión, ¿mandaría el Ejecutivo a la policía a removerlos de sus cargos?

¿Y si los juzgadores se encadenaran a sus escritorios?

Llevo, a propósito, el argumento de una posible resistencia social de los miembros del PJF a un escenario de enfrentamiento muy radical solo para ilustrar que, además de los múltiples problemas de implementar una reforma que no tiene ni pies ni cabeza, el gobierno podría pagar altos costos por encararse con juzgadores dispuestos a subir al cadalso dando toda la lata que se pueda.

Tienen todos los incentivos para hacerlo.

¿Por qué pensar que se dejarán cortar la cabeza sin hacer un desbarajuste?