El asesinato del padre Pérez y la reacción de la Iglesia

El 20 de octubre, el padre Marcelo Pérez Pérez, sacerdote indígena tzotzil de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, fue asesinado al terminar la misa en el Barrio de Cuxtitali, de la misma ciudad, y en esta ocasión la Iglesia ante el crimen reaccionó con rapidez y fuerza.

Un sacerdote de la Arquidiócesis de la Ciudad de México me dijo que el exceso de prudencia es cobardía. En general en el sexenio pasado la Iglesia, para no entrar en confrontación con el presidente López Obrador (2018-2024) dejó pasar denuncias que debió haber hecho. Su prudencia fue excesiva. En esta ocasión ha actuado de manera diferente.

Horas después del asesinato el cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, que en el siglo XVI fue la cátedra de Bartolomé de las Casas, publicó un texto de condena: “Su asesinato nos demuestra, una vez más, el clima de violencia que se ha desatado en Chiapas y en casi todo el País. Hay una descomposición social, que empieza por la destrucción de la familia y se consolida por la impunidad en que actúan grupos armados. No todo es culpa del Gobierno, pero es indicativo de que el Gobierno y todos nosotros, incluso las iglesias, estamos rebasados. No hemos logrado que la violencia se detenga, sino que va en aumento. Esto nos debe hacer reflexionar a todos, a los creyentes también, pero sobre todo al Gobierno en el poder, para que busquen cómo desmantelar a estos grupos armados, que están haciendo tanto daño a la comunidad”.

La Provincia de la Compañía de Jesús en México, también con rapidez se pronunció frente al asesinato: “Rechazamos cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados. El crimen organizado ha sembrado miedo y dolor en diversas regiones del País, y Chiapas no es la excepción. La violencia en esta región refleja un problema estructural que demanda una respuesta integral y urgente del Estado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que respondan con firmeza y restauren el orden y el Estado de Derecho”.

“Los jesuitas de México condenamos la creciente ola de violencia que asola el Estado de Chiapas y otros territorios del País. Esta región sufre no sólo asesinatos, sino también reclutamiento forzado, secuestros, amenazas y el saqueo de sus recursos naturales”. Y añaden que el asesinato del padre Pérez Pérez “no puede ni debe quedar impune”.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también se manifestó de inmediato: “Expresa su más enérgica condena y profundo dolor ante el brutal asesinato del p. Marcelo Pérez (…)” su homicidio “no sólo priva a la comunidad de un pastor dedicado, sino que también silencia una voz profética que incansablemente luchó por la paz con verdad y justicia en la región de Chiapas”.

Y hace un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles de Gobierno para que: “1) Se realice una investigación exhaustiva y transparente que conduzca al esclarecimiento de este crimen y a la justicia para el p. Marcelo Pérez; 2) Se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los sacerdotes y agentes pastorales que, como el p. Marcelo, dedican su vida al servicio de los más necesitados, especialmente en zonas de alto riesgo; 3) Se redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a la región de Chiapas y a nuestro País en general”.

El 21 de octubre después de la misa de cuerpo presente del padre Pérez Pérez, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y el cardenal Arizmendi, dieron una conferencia de prensa. En esta el cardenal dijo: “El País está en descomposición lamentable. Nuestro llamado a las autoridades es que vean la forma inteligente de desarmar a esos grupos armados aquí y allá. Que no estén esperando que la gente haga denuncia. La gente no va a hacer denuncias porque se juegan la vida”.

En México cada vez son menos las voces que denuncian los asesinatos de los grupos del crimen organizado, hay miedo en hacerlo. Los distintos niveles del Gobierno también callan y no hablan de asesinatos sino de “pérdidas de vida”. La Iglesia Católica es una de las muy pocas voces que todavía quedan en el país que puede denunciar y protestar. No son tiempos de prudencia y sí de verdad. Garantizar la paz es la más importante responsabilidad del Gobierno, pero ahora no lo hace. Está rebasado y al mismo tiempo coludido con los grupos del crimen organizado.

Rubén Aguilar Valenzuela