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La “Suprema Corte” brasileña

Para cada vez más brasileños el riesgo de tal poder del Tribunal lo expone a excesos en cuanto a la limitación a las libertades, tanto de expresión como de defensa ciudadana frente a los posibles abusos, excesos e improcedencias provenientes de las autoridades e instituciones del gobierno.

Jesús Canale

CRITERIO

En realidad la “Suprema Corte” de Brasil se llama Supremo Tribunal Federal (STF); su función institucional es servir de guardián de la Constitución federal de la nación resolviendo casos que impliquen amenaza a esta última. También se le llama, no oficialmente, el Pretorio Excelso. Bien. Pues desde hace unos cinco años el citado Tribunal ha venido ampliando su poder como “protección de las instituciones brasileñas” frente a los ataques, especialmente los que vienen contenidos en medios digitales, como las denominadas redes sociales. Para abrir con un ejemplo, retomo aquí de un artículo publicado en el Times, el 16 de octubre de 2024 bajo la autoría de Jack Nicas, el caso de un diputado conservador que, suponiendo él que el STF protagonizaba una campaña enfocada en combatir a la derecha brasileña, grabó y subió YouTube un video en el que menciona, dirigiéndose al Presidente del Tribunal: “Muchas y muchas veces ya te imaginé en la calle, recibiendo una paliza. Y yo digo aquí lo que me dé la gana”. Los jueces analizaron el caso, fue detenido y sentenciado a poco más de ocho años de prisión. El STF muestra así su determinación de salvaguardar las instituciones y la democracia en ese País. Grupos opositores a la actuación del Tribunal en esta materia afirman que ese no es un motivo que justifique o anime a los jueces a portarse así sino más bien hacerse de más poder extralimitándose en sus funciones y cayendo en un exceso de censura y represión, en realidad comprimiendo la democracia y no propiamente garantizándola. Jaír Bolsonaro era por entonces Presidente de Brasil, decreto indulto al acusado pero el Tribunal anuló el recurso presidencial dejando al reo en prisión, hecho que manifiesta que no hay nada más allá del poder del STF. Para la mayoría de la izquierda brasileña, la campaña ha ayudado a rescatar la democracia de Brasil. Para la mayoría de la derecha, ha convertido al tribunal en una amenaza para la propia democracia. Mientras la izquierda brasileña hoy considera que el Tribunal ha ayudado a blindar la democracia, especialmente después de las manifestaciones de grupos partidarios de Bolsonaro incluso de una intentona de golpe de Estado una vez que éste perdió las últimas elecciones presidenciales, la derecha, por su parte, apunta al Tribunal de excederse en sus funciones al limitar abiertamente la libertad de expresión, más aún después de que el Tribunal ordenó suspender el servicio de la red social “X” cuando su propietario mayoritario, Elon Musk, no acató la orden judicial de ajustar sus contenidos a lo establecido por los jueces supremos; Musk tuvo que ceder, obedeciendo al Tribunal, y su red social fue así nuevamente autorizada a funcionar, pero condicionada al criterio del STF. Es un ejemplo, entre otros, del alcance que ha logrado el STF en su propósito de acabar con las calumnias, mentiras, ofensas y ataques a las instituciones brasileñas. Para cada vez más brasileños el riesgo de tal poder del Tribunal lo expone a excesos en cuanto a la limitación a las libertades, tanto de expresión como de defensa ciudadana frente a los posibles abusos, excesos e improcedencias provenientes de las autoridades e instituciones del gobierno. Los opositores a la actuación del Tribunal lo dan por excesivo, abusivo y violador del derecho ciudadano a la información y a la expresión mientras que los que defienden su manera de operar lo tienen como “guardián de la democracia”. En realidad, visto el fenómeno en perspectiva, es como el cuento de nunca acabar, y se le califica desde el exterior -y cada vez más desde el interior del País- como una crisis institucional. Cuestionado el STF acerca de sí qué ocurriría si los jueces son los que están actuando mal, que si son ellos los equivocados, uno de los miembros del Tribunal -nada menos que su Presidente- respondió: “Alguien debe tener derecho a equivocarse en última instancia. No creo que nos hayamos equivocado, pero la última palabra la tiene el Supremo Tribunal”. Por ahora es lo concerniente a la libertad de expresión y mayormente por la vía digital, pero no deja de inquietar que mañana puede ser cualquier otro tema concerniente también a uno o varios derechos fundamentales de los ciudadanos. No deja de preocupar la respuesta del Presidente del Tribunal, especialmente, claro está, cuando uno es el afectado o está convencido de que la autoridad, desde cualquiera de los tres poderes, se considera infalible, o falible con derecho a equivocarse sin más. *

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