¿Esta vez sí se podrá reformar la administración pública?

EDUARDO RUIZ-HEALY

La iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que la presidente Claudia Sheinbaum envió el miércoles pasado a la Cámara de Diputados para su discusión, modificación y aprobación representa una apuesta ambiciosa de su gobierno para transformar la administración pública y adaptarla a los desafíos contemporáneos. La reforma abarca un enfoque integral y aborda temas fundamentales como la inclusión social, la igualdad de género, la protección ambiental, la soberanía tecnológica y la modernización de la infraestructura gubernamental mediante la digitalización y la gobernanza digital. Busca establecer un marco legal y estructural para una administración pública moderna, eficiente y socialmente responsable. ¿Pero es suficiente un buen diseño para asegurar su éxito?

La iniciativa merece una calificación positiva. Es un documento que denota una visión integral y multifacética que aborda una amplia gama de necesidades y desafíos. El hecho de que contemple la creación de nuevas secretarías, como la de las Mujeres y la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, muestra un compromiso con temas críticos y urgentes. La incorporación de políticas de equidad de género, desarrollo sostenible y tecnología son notables, pues México requiere de una administración pública que no sólo resuelva problemas del presente, sino que también proyecte soluciones para el futuro. Sin embargo, ¿no hemos visto antes proyectos similares que, sin recursos adecuados, acaban sólo en promesas? En términos generales, la reforma propuesta es excelente en cuanto a intención y diseño, pero el verdadero reto es llevarla a la práctica.

El obstáculo más grande radica en la factibilidad de lograr todos estos objetivos. La historia de la administración pública mexicana nos muestra que, aunque en el papel las reformas pueden ser ambiciosas y bien estructuradas, realizarlas enfrenta serios obstáculos. Uno de los principales desafíos es la crónica escasez de recursos. El financiamiento de una reforma de esta envergadura requerirá reasignaciones presupuestarias significativas y estrategias innovadoras de financiamiento. ¿Podrá el gobierno sostener estos costos? Sin una fuente constante de recursos, la digitalización avanzada, la creación de infraestructura para nuevas secretarías y la promoción de la soberanía tecnológica podrían quedarse a medias.

La burocracia es otro desafío importante. Históricamente, la administración pública se ha dividido en cotos de poder que funcionan de manera aislada, lo que ha dificultado la coordinación entre dependencias. Reducir la burocracia y fomentar la cooperación efectiva será crucial, pero, ¿será posible vencer el peso de la historia burocrática? Aunque el documento establece mecanismos para promover esta colaboración, en la práctica será necesario un liderazgo fuerte y constante y una supervisión continua para evitar que los intereses particulares se sobrepongan a los objetivos de la reforma.

En conclusión, el éxito de la reforma propuesta dependerá de una implementación rigurosa, financiamiento adecuado y una voluntad política inquebrantable para superar obstáculos históricos y estructurales. ¿Podrá México lograrlo esta vez, o de nuevo las buenas intenciones se quedarán en el papel?