Mañana puede cambiar el sistema político de México

LO QUE ÉL QUISO DECIR

Una República democrática exige en su estructura formal la existencia del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son autónomos e independientes. Uno y otro juegan un papel de control y contrapeso.

Mañana 5 de noviembre, el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puede decretar que la ley del Poder Judicial recientemente aprobada por Morena y sus aliados es anticonstitucional y debe modificarse. La responsabilidad de interpretar la Constitución, como lo señala la misma Carta Magna, corresponde sólo al Poder Judicial, y en el campo de sus atribuciones está también señalar si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en su actuación violan o no la Constitución.

Para la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, titular del Poder Ejecutivo, y para los dirigentes del Partido Morena y sus aliados, que son la mayoría calificada en las dos cámaras del Poder Legislativo, ellos están sobre las decisiones del Poder Judicial. Y en su interpretación, esa superioridad se las otorga, como dice Ana Laura Magaloni (Reforma, 2.11.24), “El poder reformador de la Constitución -dicen- está por encima de cualquier decisión judicial. Es más: Ese mismo poder transformador acaba de reformar la Constitución para que sea incontrovertible”.

La fundamentación de la decisión de la Presidenta y de Morena y sus aliados no tiene razones jurídicas; es sólo una decisión política basada en su fuerza, que no les dio el electorado, sino una interpretación del INE y del Tepjf, para otorgarle una mayoría que no obtuvieron en las urnas.

En nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan, en un sistema democrático de división de poderes, la SCJN es la única intérprete de la Carta Magna. Es una facultad que sólo le corresponde a ella y no al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo.

Si la SCJN mañana 5 de noviembre, día histórico, decide que la reforma al Poder Judicial de Morena y sus aliados, idea y propuesta original del presidente López Obrador (2018-2024), es anticonstitucional y debe ser modificada, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben acatar la resolución. Y de no estar de acuerdo con ella, deben impugnarla ante la misma SCJN, con argumentos jurídicos constitucionales, no con las posiciones políticas. Debe entonces iniciar un proceso legal.

Y si la SCJN considera, con argumentos jurídicos constitucionales, que su posición es la correcta, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben obedecer lo dicho por el máximo órgano jurídico del país.

Todo indica que la Presidenta, titular del Poder Ejecutivo, y Morena y sus aliados, mayoría calificada en las cámaras, no harán caso a la resolución de la SCJN. México entraría en una crisis constitucional y política de enormes consecuencias para la vida del país en todos sus aspectos: legitimidad política del poder, ausencia de Estado de Derecho y una crisis económica ante la incertidumbre política y jurídica. Y estaríamos, por la vía de los hechos, en otro sistema político.