Avances en la seguridad pero aún falta mucho por hacer

Eduardo Ruiz-Healy

El Reporte de la Incidencia Delictiva y Avances de la Estrategia, actualizado a octubre pasado, dado a conocer ayer por el Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, y el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los costos del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, difundido el lunes, revelan datos alarmantes sobre la seguridad y su impacto en el bienestar social y económico. Ambos documentos abordan el fenómeno de la violencia de manera complementaria pero coinciden en señalar que, pese a los avances, la situación sigue siendo un desafío mayúsculo.

El reporte del Gabinete resalta una reducción en diversos delitos; la de los homicidios dolosos es de un 17.3% en comparación con 2019. Sin embargo, la violencia sigue concentrada en regiones específicas y el 50% de los homicidios este año se han cometido en sólo siete estados, lo que muestra que las políticas de seguridad implementadas hasta ahora no han dado los resultados esperados en todo el País. Esta disparidad regional demuestra que aún no se puede hablar de un México seguro. Y mucho menos cuando sabemos que la mayoría de los delitos no se denuncian, lo que dificulta conocer la verdadera magnitud de la violencia.

En paralelo, el informe del BID ofrece una visión más amplia sobre los costos sociales y económicos del crimen en América Latina. Destaca que los costos directos del crimen representaron un 3.44% del PIB de la región en 2022, una cifra que es una carga considerable para las economías. México sigue siendo uno de los países más afectados, especialmente en sectores clave como el turismo y la productividad empresarial. La presencia de los criminales perpetua un ciclo de violencia y pobreza que limita las posibilidades de desarrollo y bienestar.

Los costos indirectos del crimen también son alarmantes. Las empresas mexicanas deben destinar recursos a medidas de seguridad que restan competitividad a la economía. Además, las regiones más afectadas por la inseguridad experimentan una caída en la productividad, ya que la violencia impide la movilidad de los trabajadores y aumenta los costos operativos. Este entorno hostil no sólo afecta a las empresas, sino que frena el crecimiento económico y limita la creación de empleo.

La violencia también sigue teniendo un impacto negativo en el sector turístico, que es vital para la economía mexicana. La percepción de inseguridad provoca la caída de los flujos turísticos, afectando gravemente las economías locales y frenando la generación de empleos en destinos clave. Además, la violencia impulsa la migración hacia otros países, especialmente Estados Unidos. Miles de jóvenes abandonan México en busca de mejores oportunidades y de un entorno más seguro, lo que implica una pérdida significativa de capital humano.

En conclusión, aunque el Gobierno federal celebra los avances en la reducción de ciertos delitos, la realidad es que los costos económicos y sociales de la violencia siguen siendo muy altos. Las políticas de seguridad no deben limitarse a medidas superficiales y, como ha señalado la Presidenta, deben ser estructurales y centrarse en soluciones duraderas que permitan construir un entorno más seguro y próspero para todos. Aún falta mucho por hacer.

Eduardo Ruiz-Healy

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