El INE pide prórroga; el Congreso debe concedérsela

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha solicitado una prórroga de 90 días para la elección judicial al Poder Legislativo, específicamente a los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión: Gerardo Fernández Noroña, del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, de la Cámara de Diputados. El INE propone que la elección programada para el 1 de junio de 2025 se realice el último domingo de agosto de ese año. La decisión sobre la viabilidad de modificar la fecha de la elección judicial queda ahora en manos del Congreso, que deberá evaluar y realizar las gestiones legislativas necesarias.

Esta petición no es simplemente un capricho administrativo; responde a un contexto de crisis en la organización electoral, marcado por múltiples suspensiones judiciales que han interrumpido las actividades del INE durante casi dos meses. En este escenario, la prórroga se presenta no sólo como una necesidad logística, sino como un salvavidas para la credibilidad del proceso electoral.

Los expertos están divididos sobre la legalidad de esta solicitud. Algunos argumentan que el INE tiene fundamentos sólidos para pedir más tiempo, dado el entorno extraordinario que ha enfrentado. Otros critican al organismo por no haber anticipado estos problemas, sugiriendo que esto refleja una gran ineficiencia.

La negativa a otorgar esta prórroga podría tener graves consecuencias. En primer lugar, el incumplimiento de los plazos podría llevar a sanciones por parte de instancias fiscalizadoras. Esto afectaría la reputación del INE y pondría en duda su capacidad operativa y su compromiso con la transparencia. Además, sin el tiempo necesario para capacitar adecuadamente al personal electoral, el riesgo de errores operativos aumentaría considerablemente. Imaginemos un escenario donde los votos se cuenten incorrectamente o las casillas no estén debidamente organizadas; esto generaría caos en el día de la elección y alimentaría un ciclo de desconfianza hacia las instituciones.

La falta de prórroga también podría resultar en un aumento en las impugnaciones legales. Si los ciudadanos perciben que el proceso electoral está mal organizado o que sus votos no serán contados con precisión, es probable que cuestionen la legitimidad del resultado. En una democracia ya golpeada por la polarización y el escepticismo, este tipo de situaciones agravan la situación.

La confianza pública en el sistema democrático es frágil y debe ser alimentada constantemente. La percepción de ineficiencia o desorganización puede erosionar años de esfuerzo por construir un sistema electoral robusto y confiable. Si los votantes sienten que el INE no puede garantizar un proceso justo y transparente, su motivación para participar en las elecciones disminuirá drásticamente. Esto es especialmente preocupante en un contexto donde la participación ciudadana es fundamental para legitimar cualquier proceso democrático.

La decisión de conceder o no esta prórroga tendrá repercusiones significativas en la organización del proceso electoral y, lo más importante, en la confianza pública hacia nuestras instituciones electorales. En tiempos donde cada voto cuenta y cada decisión puede ser cuestionada, es imperativo que se priorice la integridad y transparencia del proceso electoral.

Eduardo Ruiz-Healy

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