Dictadura nica

JAQUE MATE

La gente lo que quiere es que le devuelvan la democracia”.

SERGIO RAMÍREZ

Los dos escritores nicaragüenses más importantes desde Rubén Darío se encuentran hoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega les ha quitado su nacionalidad. “¡Cómo si se pudiera despojar a alguien de su nacionalidad!”, comenta Ramírez en una entrevista.

Este despojo de nacionalidad fue anunciado el 15 de febrero de 2023 por el Tribunal de Apelaciones de Managua, quien lo justificó acusando a ambos escritores de “traición a la patria”. Además, se ordenó la confiscación de sus bienes. El mismo castigo se aplicó a Carlos Fernando Chamorro, periodista y hijo de la ex presidenta Violeta Chamorro, y a otras figuras como Sofía Montenegro, feminista y periodista; Silvio Báez, ex obispo auxiliar de Managua; y Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. En total, fueron 98 nicaragüenses afectados por esta medida. Previamente, la dictadura ya había despojado de su nacionalidad a 222 presos políticos y, en septiembre de 2024, a otros 135.

Este castigo es no solo abusivo, sino también inconstitucional. La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 18 que la nacionalidad solo puede perderse, en el caso de los ciudadanos por nacimiento, por la nacionalización voluntaria en un país fuera de América Central. Sin embargo, la nacionalidad se recuperaría si la persona regresa a Nicaragua. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la nacionalidad es un derecho fundamental e inderogable, y que su privación arbitraria, especialmente por motivos políticos, va en contra de las normas internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En lugar de rectificar, el régimen ha optado por modificar la Constitución para hacerla aún más autoritaria. Los cambios, aprobados el 22 de noviembre, permiten al régimen privar de libertad a los acusados de “traición a la patria” y despojarles de su nacionalidad y propiedades. Además, otorgan a la vicepresidenta Rosario Murillo el rango de copresidenta y crean una “Policía voluntaria” para perseguir a los opositores. También se eliminan las restricciones a la censura de los medios de comunicación, la división de poderes y el respeto a la dignidad humana.

Algunos defensores de la 4T en México argumentan que México no es Nicaragua. Sin embargo, con las mayorías calificadas del gobierno actual, el régimen mexicano tiene la capacidad de modificar la Constitución para violar derechos fundamentales. De hecho, ya está modificando la Constitución, como se ha visto con la eliminación de la división de poderes y la prohibición del vapeo en la Carta Magna. Así, el gobierno mexicano podría, en cualquier momento, actuar de manera autoritaria y eliminar derechos fundamentales, similar a lo que ocurre en Nicaragua.

En otro tema, la presidenta Sheinbaum anunció el 1 de diciembre que invitará a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, a realizar una labor “importante y estratégica” en el Gobierno federal. Esto ocurre poco después de que Ricardo Monreal, también morenista, lo acusara de usar la justicia en Veracruz para “persecución política”, “maquinación de delitos” y “acusaciones infundadas”.