$2,400,000,000,000

Esta es la cifra que está en juego en la reforma del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Es lo que han ahorrado unos 56 millones de derechohabientes en sus cuentas de vivienda que administra el Instituto. Los patrones aportan el 5% del salario de cada trabajador quienes, además, pueden hacer aportaciones adicionales. El fondo sirve para adquirir, construir, reparar, ampliar o mejorar la vivienda de los trabajadores.

Los 2.4 billones de pesos equivalen al 7.5% del PIB nacional. Para un gobierno que no tiene dinero, como el actual, resulta un fondo muy apetitoso a apropiarse.

Y esta es la gran duda de la reforma del Infonavit que ya aprobó el Senado y está en la Cámara de Diputados: ¿Quién se quedará con el control de este billonario fondo?

Según el senador panista Ricardo Anaya, la reforma abre la puerta para que el gobierno pueda disponer de estos recursos hasta ahora administrados por una entidad tripartita como es el Infonavit. Desde su fundación, las decisiones y el control de los recursos se toman entre gobierno, trabajadores y patrones.

A lo largo de su historia, el Infonavit ha tenido claroscuros. Buenas, malas y regulares administraciones. A veces ha cumplido su misión, a veces ha despilfarrado los recursos e incentivado prácticas ineficientes y hasta corruptas.

El hecho es que, hoy, el País tiene un déficit de viviendas para la clase trabajadora.

Hace bien el nuevo gobierno en reconocerlo.

El problema, como suele suceder con la 4T, es que tienen diagnósticos correctos, pero presentan soluciones que, lejos de resolver el problema, lo agudizarán.

Con la fe estatista que los caracteriza, el Infonavit, además de ser una institución financiera, se convertirá en una empresa constructora de viviendas.

Desde hoy me atrevo a pronosticarlo: Será un rotundo fracaso.

Como lo fue el desarrollo de la “Vacuna Patria” en contra del Covid-19 que hasta hoy no se ha terminado, cuando ya acabó la pandemia y el virus ha mutado.

Como lo fue la construcción del Tren Maya que costó más de 500 mil millones de pesos, que apenas se está terminando y que solo recupera el 1% de sus costos de operación obligando a un subsidio de casi 12 mil millones de pesos desde su inauguración.

O como ha sido la refinería de Dos Bocas que sigue sin refinar un solo barril de petróleo a pesar de haber invertido unos 400 mil millones de pesos.

Ahora ese Estado se pondrá a construir viviendas.

Con la reforma, el Infonavit contará con una empresa filial que no será considerada como entidad paraestatal. No. La corporación operará bajo términos del derecho privado.

Esto le permitirá ahorrarse todas las regulaciones que tienen los organismos públicos.

No hay que ser muy mal pensados para saber cómo terminará eso.

Máximo cuando el director general del Infonavit es un funcionario que quebró una empresa petrolera, con todo y los altos rendimientos que se obtienen al extraer hidrocarburos. Me refiero a Octavio Romero Oropeza que dejó a Pemex en la insolvencia.

Tan solo de deuda a los proveedores, Pemex debe unos 400 mil millones de pesos.

Este señor, si se aprueba la reforma, tendrá el control del patrimonio del Infonavit y los rendimientos del Fondo Nacional de la Vivienda para utilizarlos en una empresa privada, sin controles gubernamentales, con el fin de supuestamente construir viviendas.

Sin embargo, según la presidenta Sheinbaum, la empresa constructora del Infonavit “no va a construir el millón de viviendas, una empresa no tiene esa capacidad, pero sí nos va a ayudar mucho a que no aumenten el precio del cemento, de la varilla; porque cuando anunciamos ‘un millón de viviendas’ pues no quiero ver a cuánto va a estar la especulación del precio de la varilla al final del 2025. Entonces, no, lo que queremos incluso es que haya, por ejemplo, compras consolidadas de cemento a todas las empresas del cemento, de varilla, de tal manera que, aunque participen empresas privadas locales en la construcción de la vivienda, para el Infonavit, esté garantizado que no van a subir de precio las viviendas por los insumos”.

Es decir, quieren un monopsonio para evitar que el precio de los materiales lo determine la oferta y la demanda. Ya parece que van a poder controlar así el mercado y su principio de escasez relativa.

El problema de la 4T es que no cree en el mercado y sigue teniendo fe en un Estado inoperante y corrupto. No logran proveer seguridad, que es el bien público más preciado, pero se lanzarán a construir un millón de viviendas. Todo a cargo de un administrador con las credenciales de Romero quien tendrá acceso a 2.4 billones de pesos que le pertenecen a los trabajadores. Yo, desde ahora, ya sé cuál será el final de esta película.