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Control del Infonavit

La nueva iniciativa de reforma del Infonavit entró al Senado como un albazo, de esos que acostumbra el gobierno de Morena.

Sergio Sarmiento

JAQUE MATE

“Una alianza con una persona poderosa nunca es segura”. FEDRO

La nueva iniciativa de reforma del Infonavit entró al Senado como un albazo, de esos que acostumbra el gobierno de Morena. Sin aviso ni discusión previa, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó el viernes 13 de diciembre en las comisiones de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, en las que fue pronta y acríticamente aprobada, para pasar después al pleno, donde se le sometió a la aplanadora oficialista.

No se había acabado de secar la tinta cuando la iniciativa se remitió a la Cámara de Diputados para la ratificación al vapor a la que nos tiene acostumbrados la Cuarta Transformación. A la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Maribel Martínez, le pidieron prepararse para una aprobación al vapor de la iniciativa en un período extraordinario. Más tarde, sin embargo, recibió una contraorden: Se cancelaba el extraordinario y ahora sí se discutiría con cuidado, como es debido, el fondo de la iniciativa, pero el año que viene.

Legislar al vapor no es solo una muestra de soberbia política, casi siempre exhibe también una conciencia culpable.Los senadores oficialistas que aprobaron la iniciativa de reformas del Infonavit sabían que no estaban actuando bien. No es correcto que, si el Infonavit es una institución financiada con aportaciones de los patrones y los trabajadores, el Presidente de la República pueda nombrar de manera discrecional al titular y que éste además tenga derecho de veto sobre las decisiones del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Tampoco es aceptable que la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia tengan una mayoría de representantes del gobierno, cuando es al gobierno al que hay que vigilar en su manejo de la institución.

La iniciativa crea también una constructora, pero curiosamente no será una empresa pública que estaría sometida a las reglas de transparencia de la administración pública. El Infonavit sería dueño de la constructora, pero sin que sus gastos o ingresos puedan pasar por el tamiz de las auditorías públicas. Según la presidenta Sheinbaum, esto se hace para no caer en “el aumento de costos en materiales y evitar especulación”. Pero no hay nada en una empresa privada que impida el aumento de los costos de materiales ni que evite la especulación. Esta medida, en un gobierno que se ha pronunciado constantemente en contra de la privatización de las actividades públicas, es altamente sospechosa.

Lo peor es que el Infonavit ha sufrido un deterioro financiero notable en los tiempos de la 4T.En el segundo semestre de 2024, la institución registró un alarmante índice de morosidad de 18.94%, con una cartera vencida que ascendía a 338,126 millones de pesos. En diciembre de 2018, al comenzar el sexenio de López Obrador, el índice de morosidad era de 7.81%. El aumento es alarmante.

Ahora se ha designado como nuevo director del Infonavit a Octavio Romero Oropeza, el ingeniero agrónomo muy cercano al ex presidente López Obrador que dejó en Pemex el sexenio pasado pérdidas acumuladas de 1.3 billones de pesos. De ser aprobada la reforma, tendría poderes extraordinarios para manejar el Infonavit como quisiera.

Es señal de sentido común que la aplanadora morenista haya sido detenida antes de que se aprobara al vapor la nueva ley del Infonavit en la Cámara de Diputados.Pero lo que vimos en el Senado nos demuestra una vez más que el gobierno de Morena piensa que puede utilizar los recursos públicos, y los de los trabajadores, como si fueran de su propiedad.

INFUNDIO

La ministra Yasmín Esquivel difundió información que sostiene que una resolución de un tribunal colegiado determina que ella es la única autora de su tesis de licenciatura. Pero esto es falso. El tribunal solo decidió que la UNAM no puede retirar el título concedido anteriormente y mantuvo la prohibición para que el comité de ética revele el resultado de sus investigaciones sobre el presunto plagio de la tesis.

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