Trump, USAID y López Obrador

Entre los proyectos más delirantes de las primeras dos semanas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca figura su intención de jibarizar, o de plano eliminar, a la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, comúnmente llamada Usaid. Sostienen Trump y Elon Musk -el encargado de achicar el gobierno- que ha sido dirigido por una bola de lunáticos de izquierda, de gastar dinero del contribuyente de manera absurda, de apoyar a organizaciones de medios, de derechos humanos, de migración, que han dañado profundamente los intereses de Estados Unidos. Busca despedir a casi la totalidad de los 10 mil y pico de empleados de la agencia, y en el mejor de los casos sólo conservar unos cuantos centenares que se ocupen de los casos más extremos de combate a algunas enfermedades.

Usaid fue fundada por John F. Kennedy en 1961en la estela de la creación de la Alianza para el Progreso -en respuesta a la revolución cubana- y al Cuerpo de Paz, como consecuencia de su deseo de buscarle una vocación más humanitaria a los jóvenes norteamericanos. Durante buena parte de su existencia, la agencia ha sido acusada por sectores de izquierda dentro de Estados Unidos y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, de ser un instrumento encubierto de la CIA y de otras instancias de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. A su vez, la derecha norteamericana casi desde un principio sostuvo que la mera idea de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) constituía un gasto inútil de recursos norteamericanos, y que cualquier apoyo al desarrollo por parte del país más rico del mundo debía canalizarse a través de la inversión privada.

En tiempos recientes, los recursos de Usaid se han dirigido, por ejemplo, al combate al sida en África, al apoyo a misiones humanitarias en materia de migración y alimentación, y a distintas causas de defensa de derechos humanos, o de denuncia de violaciones a los derechos humanos. No sorprende que Trump y Musk, y la extrema derecha norteamericana, quieran destruir a Usaid; sí puede extrañar a algunos que en esto se haya acercado de manera inusual al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Algunos lectores recordarán cómo López Obrador, a lo largo de su sexenio, haya desplegado múltiples esfuerzos, de todo tipo, legítimos e ilícitos, lógicos y aberrantes, para combatir a Usaid en México. Pero no la combatió en general, es decir, buscando recortar los fondos de Usaid que se canalizaban al Ejército o a la Marina, o incluso a Acnur y a la OIM, para contribuir a mejorar las abominables condiciones de estancia de nacionales de otros países en México, sin que Estados Unidos sufragara directamente estos costos. Lo que hizo López Obrador fue atacar, denigrar, mentir y llegar a extremos impensables en su fobia contra organizaciones como Mexicanos

Contra la Corrupción y la Impunidad, organización creada durante el sexenio de Peña Nieto, y que efectivamente recibía recursos de Usaid.

López Obrador insistía en que MCCI era una organización de oposición, no de simple crítica a su gobierno. Denunciaba la manera en que MCCI investigaba la corrupción sólo en su gobierno, sin tomar en cuenta lo que todo el mundo sabía, es decir, que MCCI reveló una gran cantidad de casos de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. Incluso fue víctima de distintos golpes mediáticos y de auditoría durante ese sexenio.

Las preguntas que conviene plantearse son: Uno, si un organismo como Usaid debe existir y si corresponde al interés de Estados Unidos. Y dos, si debe apoyar actividades como las de MCCI, o Acnur, o OIM, o el esfuerzo forense en el Estado de Coahuila en búsqueda de desaparecidos, o si debe limitarse exclusivamente a ayuda alimentaria durante crisis humanitarias o ciertos apoyos a la salud.

La discusión es apasionante, y no permite puntos de vista maniqueos o absolutos. En mi opinión, los países ricos, es decir, Japón, Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, deben canalizar el mayor volumen posible de recursos en materia de AOD a los países que fueron recién descolonizados en África en los años cincuenta y sesenta, a muchos en Asia también, y a los países más pobres de América Latina, por ejemplo, a Haití hoy. Creo que corresponde al interés nacional de Estados Unidos hacer eso, pero que también contribuye a tratar de suprimir o reducir obstáculos reales para el desarrollo en los países pobres: La corrupción, el autoritarismo, la violación a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa, la debilidad de las instituciones, la falta de independencia del Poder Judicial, etcétera. Y creo que ese apoyo, desde luego de Estados Unidos, pero también de muchos otros países -los escandinavos, Países Bajos, Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, entre otros- debe canalizarse también a la defensa de la democracia en esas naciones.

En muchas ocasiones el trabajo de grupos como éste, o como las fundaciones Ford, Rockefeller, Carnegie, MacArthur, etcétera, van a ser vistas por los gobiernos de los países donde operan como agentes de intromisión, o incluso de subversión, que buscan derrocar a regímenes más o menos dictatoriales, y más o menos conservadores o dizque revolucionarios. En Cuba y en Venezuela funcionarios de Usaid han sido detenidos durante mucho tiempo y canjeados por presos de esos mismos países en Estados Unidos, por ejemplo.

Pero esta es una discusión que merece ser llevada a cabo tanto en Estados Unidos como en México y en todos estos países. ¿Existe la responsabilidad de los países ricos de cooperar para el desarrollo de los países pobres? ¿El desarrollo de los países pobres será más factible, más rápido y más equitativo si son democráticos, respetuosos de los derechos humanos y honestos? ¿Los países ricos deben contribuir a esas causas también? Son las preguntas que, a su manera extremista y hasta cierto punto aberrante, Donald Trump ha puesto en la mesa, junto con Andrés Manuel López Obrador.