Silencio y trabajo

En un régimen constitucional de separación de poderes es normal que existan diferencias y desacuerdos sobre las resoluciones judiciales. No debería de ser materia de alerta que el Ejecutivo, Legislativo o alguno de los ministros o magistrados expresen su diferendo sobre lo que los órganos jurisdiccionales competentes resuelven. El derecho a la libertad de expresión protege sus pronunciamientos y bajo ninguna consideración se podría argumentar que se debe de coartar el derecho a disentir. Todos ganamos con un debate de altura, respetuoso y propositivo. Debate que, ante la incapacidad de quienes gobiernan, cuya pequeñez sólo alcanza para decir “no es cierto”, “yo tengo otros datos” o la descalificación del interlocutor, habría que alentarlo.

Existe un abismo de diferencia entre el desacuerdo y el desacato, tal como lo existe entre cuestionar con fundamentos las resoluciones judiciales y poner en tela de duda la legitimidad constitucional de los órganos de impartición de justicia. Los primeros son parte de una democracia saludable y los segundos representan peligrosos pasos hacia un autoritarismo.

La reiterada negativa de respetar los ordenamientos judiciales desde la Presidencia de la República y Poder Legislativo bajo el régimen de Morena representa el mayor riesgo que hemos enfrentado en varias generaciones. No representa sorpresa alguna que un régimen emanado de quien prometió “mandar al diablo a sus instituciones” y quien cínicamente afirmaba: “No me vengan con que la ley es ley” hoy se encuentre en flagrante, insolente y desafortunadamente impune desacato.

Andrew Jackson ante una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en 1832 dicen declaró: “John Marshall ha tomado su decisión, ahora que la haga cumplir”. La tentación de una Presidencia imperial pervive en todos las democracias. Las atribuciones y recursos que tienen a su alcance los ejecutivos de acuerdo al diseño constitucional tienen como consecuencia que este sólo puede ser acotado vía una auténtica separación de poderes y ley. En 1801, al entregar la Presidencia John Adams a Thomas Jefferson, le hereda un Poder Judicial federal capturado por los federalistas con John Marshall quien había sido secretario de Estado bajo Adams como ministro presidente de la Suprema Corte. Bajo Marshall la Suprema Corte se estableció como un poder paritario al Ejecutivo y Legislativo.

La defensa de la inminente recaptura del Poder Judicial para postrarlo al servicio del Ejecutivo que escuchamos de algunas de las iluminadas mentes del oficialismo deberían de alarmarnos. Quien fue consejera jurídica de López Obrador y aspirante a ministro esta semana reflexionaba: “… yo creo que el Poder

Judicial no debe contraponerse en primer lugar a las políticas que implementan los gobiernos democráticos”. En la búsqueda de complacer al gran elector todo es válido para algunos aspirantes a ministros, magistrados y jueces; en la búsqueda de captura, control así como eliminar contrapesos el gran proxeneta impulsa aspirantes a modo.

El Gobierno de México ha abandonado cualquier pretensión de legalidad, su ley es la ley de la selva, la de aquellos depredadores que atemorizan al débil, enfermo e indefenso. Nos enfrentamos a un Gobierno que ha decidido pisotear a toda aquella institución que limite su autoritarismo, que exhiba sus corruptelas, que saque a la luz pública las inconfesables alianzas bajo las cuales llegó al poder, que señale los evidentes fracasos en materia de seguridad, salud, educación, energía, finanzas públicas, anticorrupción, federalismo, agua, medio ambiente y derechos humanos, todo ello en busca de evitar que existan quienes defiendan garantías constitucionales del individuo ante un Estado opresor.

Los esfuerzos de controlar la narrativa pública incrementan cada día, el esfuerzo e inversión en comunicación social sólo les alcanza para dar pena ajena. La contundencia de los datos emanados de fuentes oficiales es implacable, la mentira en el ejercicio de preguntas y evasivas mañaneras al desnudo, exhibiendo en unos casos cinismo y en otros incapacidad. La propaganda se ha convertido en ruido de fondo, negocio de unos cuantos y insumo para la sorna. Falsas y temerarias sus afirmaciones de “como nunca antes”, “logros históricos”, “cumplimos nuestros compromisos”, “el más grande”, etc. Afirmaciones que seguramente serán materia del eventual análisis histórico y siquiátrico. Ante el escenario complejo que hoy en día enfrentamos es necesario que quienes estén en posiciones de liderazgo exhiban temple, prudencia y sabiduría, seguimos soñando con estadistas y soportando a mediocres. Respetuosamente me atrevo a sugerir a quienes gobiernan que las mejores herramientas con las que cuentan en estos momentos son silencio y trabajo.

Un buen gobernante deja que sus acciones hablen por sí mismas.

Desde la sociedad civil seguimos sin poder articular una narrativa de acción para interrumpir la espiral de muerte en la que se encuentra la democracia mexicana, escuchamos reiteradamente la descalificación “ad hominem” de todo aquello que emane del régimen sin lograr romper la inercia de campañas políticas fallidas.

Es necesario abandonar la narrativa de lamentos, de añoranza sobre lo que pudo ser, para iniciar una conversación sobre lo que puede ser. Si es necesario reinventarnos, ignorar a esos protagonistas que tanto daño han hecho y asociarnos. Indispensable romper aquellas ataduras conceptuales que nos limitan, para con gran generosidad, impulsar, acompañar y apoyar a quienes representen posibilidades de un auténtico reencauzamiento democrático en México.