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Violar las reglas

En la lista que el Senado entregó al INE el 12 de febrero no estaban ni Yasmín Esquivel, ni Loretta Ortiz, ni Lenia Batres. El Senado mandó después una nueva lista que ya las incluía...

Sergio Sarmiento

JAQUE MATE

Los autores de la reforma están violando las reglas que ellos mismos establecieron. DIEGO VALADÉS.

Los líderes de la 4T han hecho una reforma judicial siguiendo las instrucciones que lanzó el ex presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, pero es una reforma realizada sin considerar las dificultades de edificar una nueva estructura judicial y hecha con prisas para obedecer la instrucción desde Palacio Nacional de que se promulgara y aplicara de inmediato. Tenía -tiene innumerables problemas que no han sido resueltos más que con parches. Pero como, incluso así, la reforma no les ha permitido hacer todo lo que han querido, están violando la letra constitucional que redactaron e impusieron.

La fecha límite que el nuevo artículo 96, párrafo III, de la Constitución estableció para que el Senado sometiera al Instituto Nacional Electoral los nombres de los candidatos a jueces, magistrados y ministros era el 12 de febrero. El Senado cumplió en tiempo, pero no en forma, ya que el INE encontró que las listas tenían errores. Incluían, por ejemplo, a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien había renunciado a participar, pero había también equivocaciones y omisiones en nombres y datos. El error que realmente afectaba a la 4T era la exclusión de las tres ministras morenistas.

Efectivamente, en la lista que el Senado entregó al INE el 12 de febrero no estaban ni Yasmín Esquivel, ni Loretta Ortiz, ni Lenia Batres. El Senado mandó después una nueva lista que ya las incluía, pero se publicó de manera extemporánea, en la madrugada del 16 de febrero. Las tres ministras tendrían que haber quedado fuera.

No es esta la única disposición constitucional que se ha violado en el proceso. La Constitución morenista decretaba que cada uno de los poderes de la unión entregaría una lista de candidatos. El proceso en el poder judicial, sin embargo, fue interrumpido porque el comité de evaluación acató dos suspensiones ordenadas por jueces. Los miembros del comité renunciaron después “por la imposibilidad jurídica de continuar” al recibir, por un lado, las suspensiones y por el otro una orden del Tribunal Electoral para que continuaran sin atender las suspensiones.

El Senado, al mando de Gerardo Fernández Noroña, decidió tomar el listado del poder judicial y presentó la lista en su nombre, a pesar del rechazo de la Suprema Corte. La Constitución, sin embargo, no le da al Senado la facultad de suplantar al poder judicial en el proceso. Podrán decir los morenistas que el presidente del Senado interpretó la Constitución, pero ellos mismos colocaron en la reforma un transitorio que decía: “Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas”.

La magistrada López Benítez, que renunció a participar en la elección, me dijo en una entrevista en radio: “No estoy dispuesta a prestarme a este juego que es la mal llamada reforma judicial. Hay un desaseo total y absoluto en la elaboración de estas listas. Lo que se pretende es un control del poder judicial federal”.

La forma en que se ha llevado este proceso, violando la misma Constitución promulgada por el régimen, “compromete la legitimidad de quienes serán electos”, me comentó en otra entrevista el jurista Diego Valadés: “Los jueces, magistrados y ministros que surjan de este proceso estarán expuestos a una falta de legitimidad institucional, lo que los hará vulnerables a presiones indebidas, tanto de grupos delincuenciales como de intereses económicos y políticos”. Está empezando una era de “postconstitucionalismo”: “La justicia en México estará severamente distorsionada. Vamos hacia un periodo de incertidumbre jurídica que no hemos vivido en 200 años de vida independiente”.

DRONES

La CIA ha informado al Congreso de Estados Unidos que está operando vuelos de drones sobre territorio mexicano. Está violando, por supuesto, el derecho internacional. La ley del más fuerte se convierte una vez más en la realidad que impera en el mundo.

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