Expulsión no extradición

Empiezo por afirmar que la decisión del Gobierno de México de entregar a 29 presuntos narcos a Estados Unidos fue una buena jugada diplomática, en vísperas de la posible imposición de aranceles el próximo martes. Sigue una tradición -la del sacrificio humano- que se remonta a los aztecas y el Templo Mayor y a la larga lista de capos detenidos o enviados a Estados Unidos desde la época de la “certificación” -de los años setenta hasta 2001. No sé si el envío de los narcos baste para posponer de nuevo los aranceles, al mostrar la disposición mexicana de complacer a Trump. O al revés: Si la medida, al confirmarle a Trump la eficacia de su estrategia, lo induzca a proceder con los aranceles, por lo menos temporal y selectivamente. Pero en todo caso, chapeau: Noblesse oblige.

Ahora bien, eso no significa que la actuación del gobierno se encuentre exenta de riesgos o ilegalidades. Ya expliqué en El Universal que para Estados Unidos no importan estas últimas: La manera en que algún extranjero llega a manos de la justicia en ese país es indiferente para que sea juzgado. Pero aunque en México sí seamos finalistas en la Copa Mundial de la impunidad y la falta de debido proceso, y en estos menesteres nos hagan los mandados, los peligros no son menores.

El gobierno invocó la Ley de Seguridad Nacional (LSN) de 2005 -en sus artículos 5, 12, 15 y 16- para justificar el traslado de Caro Quintero et al a Estados Unidos. A propósito, no menciona la palabra extradición. Y en la presentación de los acusados en Nueva York, en el Eastern District, el fiscal federal se refiere a los “líderes de cárteles expulsados de México”. La razón es muy sencilla: Los capos no fueron extraditados, a pesar de que los medios mexicanos insistan en emplear ese término.

Ahora bien, los únicos apartados del Artículo 5 de la LSN que podrían ser pertinentes son el III -actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada-, y el X -todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas. El artículo 12 se refiere a la integración del Consejo de Seguridad Nacional; el 15 atañe a la administración del Consejo; y el 20 al personal del Cisen. Ninguno de los artículos invocados, salvo dos apartados del 5, contemplan la expulsión de ciudadanos mexicanos no extraditables a otro país. Aun si se buscara invocar los apartados III y X del artículo 5, resultaría difícil entender cómo presos en penales de alta seguridad desde hace años puedan “obstaculizar o bloquear operaciones navales (!!!) o militares contra la delincuencia organizada”. Habrá que leer y escuchar a los abogados -y a los autores de la LSN, como Santiago Creel- pero todo esto resulta poco creíble.

La pregunta se antoja obvia: ¿Por qué no extraditar a los 29 presos? Por varias razones, también evidentes. En primer lugar, debido al cúmulo de amparos y otros recursos que los presos han presentado, que siguen pendientes y que han impedido su extradición desde hace años (desde 2013, en el caso del Z-40, por ejemplo). En segundo término, porque el gobierno insinúa que algunos de ellos iban a ser liberados por el Poder Judicial en estos días. Y por último, tal vez, por una razón escalofriante: En el caso de Caro Quintero, por lo menos, de ser extraditado, no podría ser objeto de la pena de muerte, debido al texto del artículo 8 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos de 1978. Reza así: “Pena de muerte. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea punible con la pena de muerte conforme a las leyes de la Parte requirente y las leyes de la Parte requerida no permitan tal pena para ese delito, la extradición podrá ser rehusada a menos que la Parte requirente dé las seguridades que la Parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o de que, si es impuesta, no será ejecutada”.

No creo que las autoridades mexicanas deseen la ejecución de Caro Quintero. Tampoco estoy seguro que el Departamento de Justicia solicite la pena de muerte en su caso. Y también es cierto que existen precedentes nebulosos de como esquivar el engorroso proceso de extradición: El de Juan García Ábrego en 1996, y el del “Chapo” Guzmán en 2019. Y a final de cuentas, en estos asuntos, el fin efectivamente suele justificar los medios. Pero ya vemos así el respeto de este gobierno por el estado de derecho, y por algunas de sus consecuencias más nefastas. No quisiera amanecerme con la noticia, dentro de un tiempo, gracias a la tergiversación de la ley por el gobierno de México, de que Caro y otros más fueron ejecutados. No porque me merezcan compasión, sino porque me opongo a la pena de muerte, por principio. ¿Y tú, Claudia?

Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche me dice:

-Jamás estudié Historia, pero la edad que tengo me autoriza a ser historiador.

Me cuenta que en su juventud trató a algunos veteranos de la Segunda Guerra. Uno de ellos, norteamericano, le comentó que los Estados Unidos habían hecho la bomba atómica por el temor de que Alemania la estuviera haciendo.

-Al final supimos que los nazis nunca se propusieron fabricar esa arma.

A otro combatiente de esa guerra conoció mi amigo, este japonés. Le dijo ese militar:

-Japón no se rindió por las muertes debidas a las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Más muertes provocaron los bombardeos cotidianos del final del conflicto en las principales ciudades japonesas. Nos rendimos porque los rusos nos declararon la guerra, y preferimos rendirnos a los americanos, por el salvajismo que en la victoria mostraban los soviéticos.

Yo sabía que en el fondo de las copas que mi amigo bebe había muchas historias. Lo que no sabía es que hubiese tanta Historia.