¿Democracia, decoración o dirección?

Montesquieu en su obra “El espíritu de las leyes” (XI,6) advierte “Todo estaría perdido, si el mismo hombre o el mismo cuerpo principal, ya sea de los nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: El de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares”. La separación de poderes y la libertad bajo su tesis están ligadas, no debiendo estar reunidas en una sola persona la facultad legislativa y facultad ejecutiva, en el mismo tenor advierte que la facultad de juzgar debe ser independiente del Legislativo dado el riesgo que el legislador se convierta en juzgador; e independiente del Ejecutivo para evitar otorgarle al juez la posibilidad de convertirse en un opresor.

La marcha de la locura avanza, busca erradicar la efímera separación de poderes en México, donde con todas sus imperfecciones, limitantes, yerros y horrores el Legislativo federal de 1997 a 2024 cumplió su mandato de ser contrapeso y el Poder Judicial federal de 1995 a 2024 garante constitucional.

La sobre representación legislativa que el cuestionado y capturado INE otorgó a la coalición de partidos en Gobierno ha convertido lo que va de esta legislatura federal una penosa extensión del Ejecutivo donde sin leer, reflexión, debate o pudor levantan el dedo para por aclamación aprobar lo que desde Palacio Nacional les remiten. La destrucción de capacidad de la Suprema Corte de Justicia para resolver inconstitucionalidades con un pleno incompleto, con tres ministras entregadas al servicio del Ejecutivo ya nos ubica en la hipótesis sobre la cual advertía Montesquieu en 1748.

Habrá quienes defiendan como un mal necesario el regreso al maximato y Presidencia imperial en aras de erigir un Estado de bienestar, lograr justicia social y corregir los excesos de un neoliberalismo, que nunca existió. Lo que estamos observando es la suplantación de un capitalismo de cuates por un capitalismo de “mis cuates”, el gatopardismo es evidente. Desafortunadamente enfrentamos gobernantes que no buscan ser factor de unidad ni gobernar para todos, su objetivo es asegurar clientela, proteger a sus impresentables mecenas y acumular fortunas expoliando al erario vía hijos y amigos. La red de complicidades cada día es más evidente, al igual que el destino de los recursos públicos derivados de contratos y prebendas gubernamentales donde aparecen empresas y empresarios relacionados con los círculos familiares íntimos de quienes gobiernan.

La noble aspiración de justicia social requiere de crecimiento de la economía en aras de generar empleos, riqueza y recaudación fiscal que permita al Estado un despliegue de recursos. Al Gobierno le coen rresponde crear las condiciones para que se desarrolle la economía y regular eficientemente para corregir y atenuar los excesos de un capitalismo “salvaje”. Insensato el desmantelamiento de órganos autónomos reguladores de competencia económica, energía, hidrocarburos, telecomunicaciones así como los de evaluación de educación, política social perpetuado, otorgándole al Ejecutivo facultades absolutistas. La disolución del órgano garante de transparencia les faculta a hacer todo esto en absoluta oscuridad.

Para que la economía crezca es necesario que el Estado cumpla con su función primigenia, seguridad. Después de seis años de “transformación” de acuerdo a las estadísticas del Gobierno no hay avances en seguridad personal, física, patrimonial, libre tránsito, emprendimiento, asociación, expresión y vivir sin miedo. La normalización de la violencia desde el púlpito presidencial debe de parar.

No se están materializando inversiones en infraestructura, no obstante que en los últimos seis años el presupuesto público aumentó en términos reales. Generación y transmisión de energía, carreteras, agua, puertos y cruces fronterizos siguen limitando crecimiento.

Simplificación administrativa pendiente, los costos asociados con cumplimiento de obligaciones imponen cargas costosas y excesivas a medianas, pequeñas y micro empresas, estas siguen siendo la mayor fuente de empleo y crecimiento. La corrupción, de la cual son tan responsables funcionarios como particulares que recurren a ella, sigue siendo un impuesto regresivo que inhibe. Sin un sistema judicial que resuelva conflictos de manera imparcial, justa y expedita el crecimiento económico seguirá anémico, desafortunadamente en este tema se anticipa un retroceso mayúsculo.

Ante el escenario internacional actual donde zozobra el modelo de exportaciones bajo el T-MEC, el crear condiciones locales es urgente. La relocalización de empresas en el corto plazo no será motor del crecimiento y las cadenas de valor transfronterizas que prometían gran dinamismo económico se ven amenazadas.

Ante el Estado que guardan las finanzas públicas con un triple lastre: Deuda, déficit y obligaciones constitucionales de transferencias, aunado a la impertinencia de regresar a un estatismo con un portafolio de empresas públicas cuyo común denominador es generación de pérdidas y fabricar ricos, una reforma fiscal es inevitable.

Ampliar la base fiscal evitando impuestos regresivos, como el aumento al impuesto sobre nómina en Sonora para un fideicomiso de seguridad, va ser importante. Es relevante hacer énfasis que los recursos adicionales provenientes del absurdo incremento de 928 millones en contribuciones se están quedando en las arcas del Estado, Durazo Montaño no ha constituido el fideicomiso contemplado en ley.

A aquellos que utilizan la democracia como decoración en vez de dirección en las próximas elecciones intermedias tendremos la posibilidad de remitirlos a la finca de retiro de ya saben quien, preparémonos.