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La CEM, el Gobierno y el crimen organizado

El texto contiene una crítica dura, clara y puntual al actual Gobierno federal, que pienso pasó desapercibida a los medios.

Rubén Aguilar

El pasado 12 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer su posicionamiento frente a los hechos ocurrido en el campo de exterminio y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

En mi lectura, el texto contiene una crítica dura, clara y puntual al actual Gobierno federal, que pienso pasó desapercibida a los medios, los analistas políticos, los académicos y a las organizaciones de la sociedad civil.

Del texto retomo una primera acusación especialmente grave y que nunca se había hecho de parte de la Iglesia Católica: El Gobierno “debe romper definitivamente con las alianzas que pudieran existir entre el crimen organizado y algunos ambientes políticos para liberar a México de esta decadencia moral”.

Retomo otras seis de estas críticas o francas acusaciones a los gobiernos en particular al federal:

- El reconocimiento de que el crimen organizado opera campos de entrenamiento y exterminio, que incluyen crematorios clandestinos. Están a la vista de todos.

- Los hallazgos ponen “en evidencia la omisión irresponsable de las autoridades gubernamentales de los tres niveles ante uno de los problemas más críticos que enfrenta el País: la desaparición de personas”.

- En el Estado mexicano no tiene capacidad para dar “una respuesta inmediata, contundente y coordinada” ante esta realidad cada vez más grave.

- Manifiestan su “extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen en 40% las desapariciones”.

- El Gobierno debe “dejar de evadir su responsabilidad o intentar ocultar la realidad” e “investigar exhaustivamente estos hechos con transparencia y eficacia”.

- Urge que los tres niveles de Gobierno “fortalezcan los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas” e “implementen políticas efectivas que prevengan estos crímenes atroces y garanticen la no repetición”.

Y los obispos, en contra de la posición del pasado y actual Gobierno federal frente a las madres buscadoras, reconoce y exalta “la extraordinaria labor de las madres buscadoras y distintas organizaciones ciudadanas que, impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad, son las que verdaderamente consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia. Su testimonio nos interpela a todos como sociedad”.

Rubén Aguilar Valenzuela

@RubenAguilar

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