Trump manda a inocentes al infierno

Epicentro

El Gobierno de Estados Unidos está en medio de un frenesí autoritario cada vez más ominoso. Donald Trump comienza a acostumbrarse a responder a todas las decisiones judiciales que le resultan adversas exigiendo la destitución de los jueces. A la voz del presidente se suman, como merolicos, las de su gabinete y sus asesores. Estados Unidos parece haber perdido el respeto elemental por el Estado de Derecho, la división de poderes y el orden constitucional que han sido el corazón de sus más de 200 años de historia.

Las consecuencias pueden ser muy graves para la democracia estadounidense, pero ya lo son para los individuos que han tenido la desgracia de ser objeto de los atropellos de la Casa Blanca. Pocos casos son tan dramáticos como el del numeroso grupo de venezolanos expulsados de Estados Unidos en las últimas semanas.

La lista de atropellos es larga.

Primero, las expulsiones se han llevado a cabo, en muchos casos, basándose solo en los tatuajes que portan los migrantes. Según una investigación de “The Guardian”, las autoridades migratorias habrían vinculado ciertos diseños -como rosas, navajas de barbero o incluso logotipos deportivos- con la pandilla criminal “Tren de Aragua”, sin contar con evidencia concreta de actividad delictiva. Los deportados y sus familias insisten en que esos tatuajes tienen significados personales, y rechazan cualquier vinculación delictiva.

El escándalo de los tatuajes es, en cierto sentido, lo de menos. Los venezolanos fueron expulsados sin respeto alguno por el debido proceso al que está obligado el Gobierno de Estados Unidos. La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a más de 200 venezolanos, alegando que eran miembros de pandillas, pero sin presentar pruebas de esas afiliaciones criminales. No se les dio la oportunidad de impugnar estas acusaciones ni de defenderse en los tribunales. Varios de ellos no tienen ningún antecedente penal. Fueron expulsados simplemente porque así lo decidió el Gobierno de Estados Unidos, y sanseacabó.

Esto ha derivado en historias para las que, francamente, faltan adjetivos.

Uno de los casos más notorios es el de Franco José Caraballo, un barbero de 26 años, deportado a pesar de no tener antecedentes penales. Su familia insiste en que tatuó una navaja por su oficio y no tiene ninguna relación con el crimen organizado. En un caso similar, Jerce Reyes, ex futbolista profesional, fue expulsado después de que su tatuaje del Real Madrid fuera interpretado como símbolo de pandilla.

La historia más alarmante es la de Andrys, un venezolano gay de 23 años que fue expulsado tras la errónea interpretación de sus tatuajes como signos de pandillas. A pesar de no tener orden de deportación ni haber tenido audiencia judicial, fue expulsado sin miramientos.

La tragedia se agrava cuando se considera el destino de muchachos como Andrys. Estados Unidos envió a estos jóvenes a la cárcel de máxima seguridad construida por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para recluir a pandilleros. Por diseño, la cárcel de Bukele es un infierno en la tierra. Los periodistas que han logrado documentar los abusos cometidos en el llamado Cecot describen un horror abrumador. Que ese sea el destino final de pandilleros despiadados es una cosa. Que lo sea de jóvenes obligados a purgar allí una cadena perpetua injustificable y espeluznante es otra completamente distinta.

¿Qué será de un joven como Andrys en la cárcel de Bukele? Un periodista publicó una crónica sobre la llegada del grupo de venezolanos expulsados por Estados Unidos. Sin saberlo, narró los primeros momentos de Andrys. Humillado y golpeado, suplicaba que lo escucharan: “Soy gay. Soy peluquero. No soy pandillero”, decía entre sollozos.

Al Gobierno de Donald Trump no le importa el destino de Andrys ni de ninguna otra persona que haya caído por error en las redes punitivas de la maquinaria de deportación estadounidense. La crueldad es el punto. La crueldad es la estrategia. Y es una vergüenza histórica.

León Krauze

X: @LeonKrauze