Sentido común

La narrativa de descontento popular sobre gobernantes tiene una larga tradición. Monarquías señaladas como tiranías, regímenes aristocráticos como oligarquías y democracias como anarquías. De la “dictadura perfecta” que de generales paso a gobernantes civiles bajo un barniz de democracia, transitamos a una alternancia sin cambios estructurales profundos ni instituciones robustas, alternancias que por mantener atado el destino del País al servicio de una clase política veleidosa impidieron avances, capitalizar beneficios y oportunidades históricas de desarrollo.

A la larga lista de oportunidades perdidas de las alternancias habría que sumar el fracaso en combate a corrupción, nepotismo, influyentismo así como el repudio de las promesas de transparencia, frugalidad y legalidad a partir de 2018.

Alternancias en el poder federal originadas en descontento han beneficiado a quienes vía una narrativa representativa de las causas del hartazgo movilizaron bloques de votantes para ellos ascender al poder.

Las movilizaciones de clases opuestas a la democracia que en el siglo pasado se decantaban por comunismo o fascismo, en México tomaron el camino alterno de un corporativismo que continúa vigente en la práctica e imaginario de quienes hoy gobiernan.

El común denominador de estas tres quimeras es la búsqueda de que la gente no se involucre en lo público.

Sólo ellos, altos sacerdotes de la religión secular que encabezan, son los llamados a solucionar asuntos públicos, administrar hacienda pública, dictar leyes, impartir justicia, priorizar proyectos de infraestructura, cuidar salud pública entre otras tantas potestades que asumen como unipersonales quienes gobiernan.

La población bajo estas señoras y señores del poder sólo tiene la responsabilidad de rendir culto, guardar silencio y pagar impuestos. La rapiña de la hacienda pública en beneficio de un puñado de oportunistas que tuvieron o tienen fuero pervive, es inocultable a estas alturas la podredumbre rampante en el ejercicio del poder así como la riqueza pornográfica que ellos y sus allegados han acumulado al amparo del poder.

A veces es imposible discernir entre capos y gobernantes, quizás la única diferencia sea la propaganda que estos últimos pagan en búsqueda de lavar su imagen.

El contrato social vigente en letras, mas no en acciones, que deposita transitoriamente bajo la premisa de representación en beneficio de una mayoría, con respeto a las minorías, el poder de administrar la hacienda pública, hacer leyes e impartir justicia no se está cumpliendo.

En la práctica regresamos a la imposición de acólitos de una religión secular, encabezada por un “mesías tropical”. Ejecutivos que actúan bajo instrucciones precisas cumpliendo la premisa de “ni los veo ni los oigo”, legisladores “levanta dedos” que no leen lo que votan y en construcción la imposición de ministras cuyas tesis me temo girarán sobre “no me vengan con que la ley es la ley”.

Ante la actual época de descontento e incredulidad no se requieren profundos ni complejos análisis, más bien urge sentido común. Ante el nuevo escenario económico global se insiste en que se tiene un “plan” que no deja de ser una larga lista de buenas ideas, refritos, lugares comunes, sueños, espejismos y habría que reconocer algunas acciones.

Para que el “plan” sea efectivo es necesario especificar no sólo el “que”, urge identificar acciones puntuales, responsables de ejecutarlas, fuentes de recursos para llevarlas a cabo, calendarios de ejecución, alianzas estratégicas necesarias, capital humano requerido, entre muchos otros “detalles”.

Gobernar no es hablar “ad nauseam” de planes ni un ejercicio de llevar presentaciones de “powerpoint” como lo hemos observado en Sonora durante los últimos años. Gobernar requiere de impecable ejecución y cumplimiento de promesas.

Al cuarto mes de 2025 no existe el fideicomiso de seguridad que por ley debe de constituir Alfonso Durazo para administrar 928 millones derivados del oligofrénico incremento al impuesto sobre nómina, preocupante omisión del Ejecutivo y más preocupante aun el silencio de quienes lo promovieron.

De existir una auténtica conversación pública interactuando las “4 P”: Promotores, políticos, público y prensa sobre plan de construir tres presas sobre el Río Sonora encontraríamos que es un despropósito. Conversemos sobre remediación de la cuenca “río arriba”, control de acuíferos y aprovechamientos, reforestación, entre otras acciones previas. Contra todo sentido común la destrucción de mecanismos de transparencia sobre gasto público, a la cual habría que sumar la reforma de Obras Públicas y Servicios que modifica el esquema de publicidad de contrataciones exentando a las fuerzas armadas y empresas públicas del Estado de transparentar los contratos que firmen para construir obras mediante convenios con otras dependencias.

Obras ferroviarias, ampliaciones de puertos, aduanas y carreteras que ya eran opacas, con esto legalmente su ejecución y legalidad pasarán a categoría de actos de fe en la religión cuatroteísta.

Ante el engaño en la narrativa y propaganda de quienes gobiernan que desesperadamente e infructuosamente buscan que sigamos encadenados observando las sombras que se proyectan en la caverna sin buscar la verdad, la pregunta obligada es aquella que elocuentemente utilizó Cicerón “cui bono” ¿quién se beneficia? Fuenteovejuna contestaría: Lo que no suena lógico, suena metálico.

Detrás de todo fracaso institucional existen motivaciones de captura de réditos. La indumentaria del poder, con palacios, cortesanos, amanuenses, encuestas a modo y grandes séquitos no es suficiente para ocultar el desencanto. Legitimidad no es un concepto que se pueda fraccionar.