Los desaparecidos y la Iglesia Católica

En la reunión que el pasado 8 de abril sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con colectivos de familiares desaparecidos de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Durango y Querétaro, estuvieron también representantes del Diálogo Nacional por la Paz.

Una iniciativa conjunta de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia de la Compañía de Jesús en México. En su versión durante la reunión “se escuchó a las familias en su indignación por la indiferencia que han sentido en las instancias de Gobierno, sus deseos de justicia ante la desaparición de sus hijos, hijas o bebés” y estos colectivos presentaron doce peticiones para “avanzar en el drama de los desaparecidos en México”:

1. Revisar los perfiles de los funcionarios que están al frente de la atención a las familias de los desaparecidos: Empatía, sensibilidad y colaboración con los colectivos de las familias.

2. Fortalecer las fiscalías estatales para combatir la impunidad incrementar las capacidades de investigación y combatir la gobernanza criminal.

3. Fortalecer los servicios forenses para identificar los 72 mil cuerpos que están en morgues o fosas comunes y poner en funciones los Centros de Identificación humana.

4. Conformar mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a las demandas de las familias de los desaparecidos.

5. Se necesita reconocer legalmente el trabajo de los colectivos de búsqueda y los esfuerzos que han hecho para avanzar en la localización de las personas desaparecidas.

6. Aceptar la colaboración de organismos internacionales para atender el fenómeno de la búsqueda.

7. La nueva ley tiene que garantizar la seguridad de los colectivos de búsqueda y sancionar penalmente a los funcionarios que obstaculicen la justicia en la búsqueda de los desaparecidos.

8. Coordinación entre los distintos niveles de Gobierno: Subsecretaría de derechos humanos, fiscalía general, fiscalías estatales, comisión nacional de derechos humanos y comisiones de búsqueda.

9. Fortalecer la investigación del Rancho Izaguirre y romper alianzas entre gobernantes y crimen organizado.

10. Atender la niñez desaparecida, tener protocolos diferenciados, campañas de prevención de la desaparición y una educación para la paz.

11. Llevar a cabo un registro nacional de fosas comunes.

12. Fortalecer la seguridad ciudadana capaz de atender la micro criminalidad y estrategias federales para atender la macro criminalidad.

En la reunión la secretaria de Gobernación “pidió sensibilidad a los funcionarios que atienden a las familias de los desaparecidos, propuso mesas de diálogo entre autoridades y colectivos y hubo disposición de los asistentes a colaborar con estos espacios”.

La Iglesia Católica celebra “esta apertura al diálogo entre colectivos y autoridades, llamamos a poner los medios para atender las demandas y crear una cultura de escucha en las instituciones de Gobierno, respuestas coordinadas y el trato digno a las familias buscadoras”. Y recuerda que según la Segob de 1952 hasta el 11 de abril de 2025 se han registrado 127 mil 047 personas desaparecidas y no localizadas en el País. La mitad de los casos ocurrieron en el Gobierno del presidente López Obrador (2018-2024).

Rubén Aguilar Valenzuela

@RubenAguilar