Leyes apresuradas, bombas de tiempo

Se agradece la rápida disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para resolver de manera sencilla un problema que podría haberse hecho engrudo con respecto a la Ley Federal de Comunicaciones; “si crea confusión y se piensa que es para censurar, que se elimine el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, afirmó este viernes en su “mañanera”.

Poco más tarde se informó que la ley sería sometida a nuevas discusiones y revisiones entre las partes interesadas. Como se recordará, la nueva reforma aprobada tentativamente en comisiones, fue criticada porque en opinión de muchos daba al Gobierno capacidades irrestrictas para bloquear a voluntad contenidos de las plataformas digitales, entre otras cosas.

El próximo lunes entraba al pleno de la cámara para su aprobación definitiva; la intervención de la mandataria supone una revisión completa, antes de eso. La rectificación da cuenta del sentido práctico de Sheinbaum, desprovisto de la prepotencia que suelen tener los gobernantes (en realidad inseguridad) para no “dar su brazo a torcer”. Pero más allá del acierto para asumir un desencuentro que esperemos sea pasajero, el tema remite a dos problemas, uno de procedimiento y otro de fondo.

Son varias ya las ocasiones en que las cámaras han procesado leyes de manera apresurada, incluso desaseada. Por la prisa para darle gusto a Palacio Nacional, con frecuencia los legisladores de Morena terminan dándole un disgusto. Sucedió durante el sexenio de López Obrador y está sucediendo en el actual. Las amplias mayorías de las que goza el partido en el poder le permiten la aprobación de leyes sin pasar necesariamente por una negociación con las otras fracciones parlamentarias u otros actores de la sociedad. Si bien eso hace muy expedito el proceso, limita las posibilidades de aquilatar incongruencias, inexactitudes y, como suele suceder, impactos inesperados en determinados sectores de la comunidad. Está sucediendo justamente ahora con la ley del Infonavit, que ha desatado un alud de amparos, porque por una falla de la redacción, los patrones deben pagar la cuota correspondiente al trabajador cuando este se encuentra en licencia o incapacidad, lo cual resulta absurdo.

En teoría, un periodo de discusión real en comisiones y en tribunas podría vacunar contra tales omisiones. Se trata de una factura política que los legisladores podrían evitarle al Gobierno si hicieran mejor su trabajo. Pero mucho más grave es el problema de fondo. El Gobierno de la 4T está aprovechando sus mayorías para aprobar leyes que, en lo general, otorgan más peso al poder ejecutivo. Que eso sea conveniente o no, depende del cristal político con que se mire. Unos, lo consideran una riesgosa deriva autoritaria, porque elimina contra pesos al poder del soberano; otros, asumen que es necesario para dar oportunidad a la presidencia de hacer un cambio en favor de los pobres, contra las muchas resistencias del sistema y los poderes fácticos. Usted escoja.

Pero más allá de esta polémica, me parece que hay una dimensión que Morena no está considerando en esta fiebre legislativa transformadora: Que no gobernará para siempre. Por más que la oposición esté desdibujada en este momento, sería absurdo asumir que en los tiempos que corren una fuerza política pueda instalarse indefinidamente en el poder. Trump, Milei, Bolsonaro, Boris Johnson o Bukele eran impensables cuatro o cinco años antes de su irrupción. Nada asegura que para 2030 y, sobre todo, para 2036 México no experimente otro movimiento pendular en las urnas. Particularmente si el problema de inseguridad sigue vigente, porque la opinión pública se hace peligrosamente sensible al discurso de una mano dura que prometa suprimir la violencia, por ejemplo. En tales condiciones, las atribuciones que hoy se otorgan a Palacio Nacional para favorecer “al pueblo”, podrían volverse en contra de los intereses populares.

La alternancia regresará tarde o temprano, o por lo menos habría que gobernar teniendo en cuenta esa posibilidad. Se dirá que, en tal caso, podrían introducirse modificaciones en las leyes para limitar atribuciones y excesos a gobernantes abusivos, pero es evidente que si ganan en las urnas lo más probable es que cuenten con el suficiente peso en las cámaras para neutralizar cualquier cambio que busque “debilitarlos”.

La mayoría calificada con la que hoy cuenta Morena en el poder legislativo, necesaria para modificar la Constitución, quizá no vuelva a alcanzarse en muchos años, toda vez que requiere una proporción superior a dos tercios de curules y escaños. Varios países europeos viven maniatados por legislaciones que hoy no pueden cambiar, en algunas ocasiones en situaciones absurdas, por la mutua neutralización de las fuerzas políticas en la vida parlamentaria.

En ese sentido, el Gobierno de la 4Ttendría que considerar que los poderes que hoy se otorga para sí mismo eventualmente serán esgrimidos por sus adversarios políticos. Antes de adquirir una pistola y dejarla al alcance de la mano conviene valorar la posibilidad de que pueda ser usada en contra nuestra.

La prisa por poner palancas y botones en el tablero de mando de la presidencia es comprensible, desde la perspectiva de una fuerza política empeñada en impulsar un giro de timón tras 35 años de regímenes neoliberales. Mucho que desandar y aún más que construir. Al final, Morena tendrá las mayorías para sacar adelante el diseño arquitectónico que considere más conveniente para la vida pública y económica de los próximos años; pero se trata de un edificio que habitaremos todos. Antes de hacer cimientos convendría que conocieran mejor los usos que los ocupantes harán de espacios y paredes. Pero,sobre todo, es necesario que antes de otorgar una nueva atribución al ejecutivo se haga el pequeño ejercicio de imaginar tales poderes al servicio de presidentes como Calderón, Peña Nieto o Fox. El futuro no nos exime de sus nuevas versiones.