Ley autoritaria

Es cierto que la presidenta Sheinbaum está quitando el pie del acelerador del fast track y está abriendo la posibilidad de que se elimine o modifique la facultad de la Agencia de Transformación Digital de bloquear plataformas digitales. Aun así, no podemos cerrar los ojos al hecho de que la iniciativa para una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tiene más propósito que cerrar la pinza para restablecer un régimen autoritario.

La propia mandataria parece haberse asombrado ante el contenido del artículo 109 de su iniciativa que le otorga facultades a la Agencia para bloquear plataformas digitales conforme a lineamientos que ella misma emitirá. Me pregunto si la leyó; la enorme mayoría de los senadores oficialistas que aprobaron el dictamen no lo hicieron.

Este viernes 25 la Presidenta declaró: “Este artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento, a la oposición ni a nadie, de que lo que queremos es censurar una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura”. Algunos senadores, sin embargo, aún dudaban; el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró el mismo día: “Estaba programada para el lunes, seguirá programada para el lunes. Aun no hay una decisión de no aprobar esta ley”.

El artículo 109 ni siquiera debería estar en una ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No son lo mismo las plataformas digitales, el Internet, que las telecomunicaciones o la radiodifusión, que funcionan en sustentos de recursos escasos, como el espectro radioeléctrico o las redes físicas.

La Constitución no prevé que el regulador de telecomunicaciones o radiodifusión tenga también jurisdicción sobre las plataformas digitales. Darle facultades en una ley secundaria no solo es inconstitucional sino peligroso para una sociedad libre. Pero también aquellas partes de la iniciativa que sí tienen sustento constitucional son peligrosas. Inquieta que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una institución autónoma encabezada por siete comisionados especializados, esté siendo reemplazado por una dependencia con un solo titular, José Antonio Peña Merino (Pepe Merino), licenciado en Ciencias Políticas, quien le reportará directamente a la Presidenta.

En lugar de tener un manejo técnico y neutral de bienes públicos como el espectro radioeléctrico, tendremos una institución política y centralizada, como en una dictadura La ley viola la Constitución y el TMEC al permitir la entrega de concesiones al Estado para uso comercial y para competir directamente con los concesionarios privados. Peor, exenta a estos concesionarios del Estado del marco regulatorio que se aplica por ley a los privados. Al parecer pronto tendremos celulares del bienestar y canales de televisión del bienestar, que podrán hacer competencia desleal a quienes han apostado su capital en estos campos.

Dice la Presidenta que quiere recuperar las atribuciones del Estado: “Es un nuevo esquema que no tiene que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones”.

La verdad es que su grupo desea recuperar las atribuciones del viejo Estado autoritario mexicano, ese que controlaba las telecomunicaciones y censuraba la radiodifusión, el que tenía miles de paraestatales para hacer competencia desleal a los empresarios y para enriquecer a los políticos a quienes se colocaba al mando. Esta película ya la vimos en México, y fue muy mala para el País.

VIOLACIONES

La iniciativa propone entregar concesiones de espectro por asignación directa a dependencias y entidades del Ejecutivo sin contraprestación, pero el artículo 28 de la Constitución señala que “las concesiones “serán otorgadas mediante licitación pública”. El artículo 18.21, 4 del T-MEC establece, además, que las concesiones deberán darse en un “proceso abierto y transparente” que promueva la competencia.