Sospechosos de delitos fiscales podrían ir a prisión: Conoce la reforma que se discutirá hoy en México

CIUDAD DE MÉXICO.-Hoy en la Cámara de Diputados de México se discutirá una reforma constitucional que podría llevar a prisión a personas sospechosas de cometer delitos fiscales sin necesidad de demostrar previamente su culpabilidad. Esta reforma, que ha generado preocupación entre expertos y sectores de la sociedad, propone ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Nuevos delitos que ameritan prisión preventiva

La reforma al Artículo 19 de la Constitución incluiría delitos fiscales como la defraudación fiscal, el contrabando y la compra o venta de comprobantes fiscales falsos. Según los expertos, esto implicaría que cualquier persona acusada de estos delitos sería encarcelada preventivamente, incluso sin que se haya comprobado su responsabilidad en los hechos.

Un analista legal, que prefirió mantenerse en el anonimato, advirtió a Reforma sobre el impacto de esta reforma: “Genera una inseguridad jurídica porque cualquier persona acusada de estos delitos enfrentaría prisión preventiva, es decir, una sanción de cárcel sin que se haya demostrado su culpabilidad”. También señaló que las empresas que operan en México podrían verse afectadas si se las considera sospechosas de participar en actividades de compra y venta de comprobantes fiscales fraudulentos.

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Este tipo de reforma obligaría a los jueces a dictar prisión preventiva de manera automática para los imputados, sin la posibilidad de evaluar si existen riesgos de fuga u otros factores que normalmente se considerarían antes de tomar esa decisión.

Violación de derechos fundamentales

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado este tipo de medidas, ya que considera que la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa viola derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso. Esto genera un conflicto entre las nuevas disposiciones propuestas y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Opiniones de expertos fiscales

El fiscalista Juan Carlos Pérez Góngora también expresó su preocupación. Según él, es crucial analizar detenidamente cómo se tipifican estos delitos fiscales. Por ejemplo, alguien que ingresa mercancía al país y no puede comprobar de inmediato el pago de aranceles podría ser acusado de contrabando. Pérez Góngora destacó que hay una línea delgada entre una evasión fiscal leve y un delito fiscal grave, lo que aumenta el riesgo de que personas sean encarceladas sin justificación adecuada.

Por su parte, Luis Casarín, director general de vocación social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) Nuevo León, señaló que la recaudación fiscal “persuasiva” ha sido una herramienta útil para las autoridades fiscales, pero advirtió que medidas tan severas como la prisión preventiva oficiosa podrían tener efectos contraproducentes en la confianza de los contribuyentes y la actividad empresarial.

La propuesta y sus implicaciones

La reforma forma parte de una serie de cambios propuestos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa en delitos como la extorsión, el narcomenudeo, la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, y los delitos fiscales relacionados con las llamadas “factureras”, es decir, la emisión ilícita de comprobantes fiscales.

Los diputados, en su mayoría del partido Morena y sus aliados, argumentan que la expansión de la prisión preventiva oficiosa es necesaria para enfrentar la creciente criminalidad en el país, aunque algunos han prometido que la medida podría revisarse en el futuro. No obstante, esta promesa ha sido vista con escepticismo por organizaciones sociales que critican el aumento del punitivismo y la afectación a personas en situaciones de vulnerabilidad.

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Críticas y oposición

Diversos sectores han levantado la voz en contra de esta reforma. Argumentan que exacerba el uso de la prisión preventiva de manera desproporcionada y contraviene las recomendaciones internacionales, como las emitidas por la CIDH. Además, señalan que esta medida podría ser utilizada de manera indebida para encarcelar a personas sin haber demostrado su culpabilidad, lo que representa un retroceso en materia de derechos humanos y justicia.

En una sentencia reciente, la CIDH declaró que el Estado mexicano viola varios derechos fundamentales al aplicar medidas como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, y ha instado a México a modificar su marco legal para eliminar estas prácticas. A pesar de ello, el dictamen que se votará hoy no busca eliminar estas medidas, sino ampliarlas a un mayor número de delitos bajo el argumento de que el contexto delictivo del país lo requiere.