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Autos chocolate: Requisitos para regularizarlos en 2025

La regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocida como autos chocolate, continuará en 2025 en 16 estados de México, entre ellos Baja California, Sonora, Jalisco y Zacatecas.

La regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como autos chocolate, continuará siendo una opción para propietarios en ciertos estados de México durante 2025. Este proceso se rige bajo un decreto reformado que busca otorgar certeza jurídica, mejorar la seguridad pública y proteger el patrimonio familiar. A continuación, se detallan los aspectos para quienes deseen llevar a cabo este trámite.

Estados donde aplica la regularización

El artículo 1 de la Reforma al Decreto establece que los vehículos podrán regularizarse en las siguientes entidades:

  1. Baja California
  2. Baja California Sur
  3. Chihuahua
  4. Coahuila de Zaragoza
  5. Durango
  6. Hidalgo
  7. Jalisco
  8. Michoacán de Ocampo
  9. Nayarit
  10. Nuevo León
  11. San Luis Potosí
  12. Sinaloa
  13. Sonora
  14. Tamaulipas
  15. Tlaxcala
  16. Zacatecas

Estas regiones fueron seleccionadas debido a su alta concentración de población migrante y la necesidad de vehículos regularizados para uso cotidiano.

Procedimiento para la regularización

Los propietarios deben acudir a los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE) en su estado. Es necesario solicitar una cita a través del sistema de citas electrónicas disponible en el sitio oficial: https://regularizaauto.sspc.gob.mx

Requisitos para agendar una cita

Para programar una cita electrónica, se debe proporcionar la siguiente información:

  • CURP del solicitante
  • Número de Identificación Vehicular (NIV)
  • Código Postal
  • Correo Electrónico
  • Teléfono (fijo o móvil)

Costo de la regularización

El trámite tiene un costo único de $2,500.00 MXN, establecido en el artículo 3 de la Reforma al Decreto. Este pago se realiza por concepto de aprovechamiento.

Características de los vehículos elegibles

Según el artículo 2 de la Reforma al Decreto, los vehículos que pueden ser regularizados deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Origen: Ser fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá, lo cual se identifica por el Número de Identificación Vehicular (NIV).
    • 1, 4, 5: Fabricados en Estados Unidos
    • 2: Fabricados en Canadá
    • 3: Fabricados en México
  • Año-modelo: Vehículos con cinco o más años de antigüedad respecto al año de importación. Para 2025, aplica a modelos 2018 o anteriores.

Quedan excluidos del proceso las motocicletas, bicicletas, cuatrimotos y remolques.

Restricciones y limitaciones

  • NIV con letra: Para 2025, se permitirá regularizar vehículos cuyo Número de Identificación Vehicular comience con una letra.
  • Límite de vehículos: Cada propietario podrá regularizar un solo vehículo, conforme al artículo 4 de la Reforma al Decreto.

Extensión del decreto hasta 2026

El expresidente Andrés Manuel López Obrador amplió el plazo del decreto hasta el 30 de septiembre de 2026, decisión publicada días antes de concluir su mandato. Este decreto ha permitido la regularización de más de 2.5 millones de vehículos desde su emisión inicial en enero de 2022.

La extensión busca brindar continuidad a una política enfocada en garantizar seguridad pública y estabilidad patrimonial. Sin embargo, ha generado críticas de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que considera que fomenta el contrabando y afecta a la industria automotriz formal.

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Críticas y desafíos

Los opositores argumentan que la regularización podría incentivar el contrabando y favorecer a grupos delictivos. Además, se señala que muchos vehículos regularizados no cumplen con estándares ambientales ni de seguridad. Por otro lado, defensores como la Concanaco Servytur destacan el impacto positivo del decreto en las economías de las regiones fronterizas.

La regularización de autos chocolate continuará siendo una alternativa para los propietarios de vehículos usados importados, pero enfrenta retos relacionados con su implementación y las críticas de diversos sectores. La extensión del decreto hasta 2026 asegura que este tema seguirá siendo de relevancia en la agenda política y económica del país.

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