Quitan 10 mil millones de pesos de fideicomisos al Poder Judicial
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció que Nacional Financiera (NAFIN) transfirió 10 mil millones de pesos de sus fideicomisos a la Tesorería de la Federación sin su consentimiento.
CIUDAD DE MÉXICO.-El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano autónomo encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación, denunció que la Sociedad Nacional de Crédito, mejor conocida como Nacional Financiera (Nafin), transfirió a la Tesorería de la Federación más de 10 mil millones de pesos que estaban en fideicomisos administrados por el CJF. Este movimiento financiero ha generado una crisis institucional, ya que los recursos fueron transferidos sin el consentimiento del CJF, dice La Jornada citando a los acusantes.
Los montos involucrados ascienden a 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos , que según el CJF, forman parte de los fideicomisos establecidos para financiar pagos extraordinarios a jueces y magistrados que se jubilaron o renunciaron voluntariamente tras la implementación de la reforma judicial.
Hechos
- Transferencia de fondos
- Nafin informó al CJF sobre la transferencia de los recursos hacia la Tesorería de la Federación, sin previa consulta ni instrucción alguna del CJF, a pesar de ser este último el fideicomitente, dice el medio.
- Según el CJF, esta acción viola las cláusulas contractuales de los fideicomisos y representa un desafío directo a su autonomía financiera e institucional.
- El CJF ha iniciado medidas de conciliación y desarrollado una estrategia legal para revertir la transferencia y garantizar el acceso a los recursos comprometidos.
- Impacto en pagos extraordinarios
- Los recursos retirados están destinados, conforme a la reforma constitucional al Poder Judicial, a cubrir un pago extraordinario para jueces y magistrados que declinaron participar en procesos electorales o que no resultaron elegidos tras la reforma.
- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) ha señalado que estos pagos no se han realizado a quienes ya cumplieron con los requisitos legales para recibirlos.
- En una carta dirigida al Pleno del CJF, Juana Fuentes Velázquez, directora de Jufed, acusa al Estado mexicano de incumplir con esta obligación constitucional, vulnerando los derechos fundamentales de los juzgadores afectados.
- Reclamo de Jufed
- Jufed exige que el CJF ordene inmediatamente el pago extraordinario a quienes ya se encuentran en los supuestos legales de procedencia.
- Argumenta que la falta de suficiencia presupuestal no puede ser un impedimento para cumplir con esta obligación, ya que la reforma debió prever los recursos necesarios antes de su implementación.
- Además, solicita que, en caso de existir algún obstáculo para realizar los pagos, se explique de manera fundada y motivada la razón de dicha imposibilidad.
- Marco legal y obligaciones pendientes
- La reforma al Poder Judicial incluyó disposiciones transitorias que establecen el derecho a un pago extraordinario para los jueces y magistrados que se retiren bajo ciertas condiciones.
- Estas disposiciones se encuentran plasmadas en el artículo Décimo Transitorio de la Reforma Constitucional y en el Vigésimo Transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
- Sin embargo, la transferencia de los fondos a la Tesorería de la Federación pone en entredicho la viabilidad de cumplir con estas obligaciones, acusan.
Conflictos institucionales
La disputa entre el CJF y Nafin refleja tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo federal. Algunos puntos son:
- Autonomía financiera: El CJF argumenta que la transferencia de fondos sin su consentimiento viola su capacidad de administrar recursos de acuerdo con sus necesidades institucionales.
- Cumplimiento de obligaciones constitucionales: La falta de recursos para pagar a los jueces y magistrados afectados podría generar demandas legales y dañar aún más la relación entre el Poder Judicial y el Estado.
- Responsabilidad del Estado: Jufed responsabiliza al Estado mexicano por el incumplimiento de derechos adquiridos por los juzgadores, lo que podría derivar en acciones legales nacionales e internacionales.
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