Involucran a Inés Gómez Mont y su marido en desvío de casi 3 mil millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- En un desvío de casi 3 mil millones de pesos estarían involucrados Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes habrían recibido transferencias bancarias de empresas ficticias creadas para presunto lavado de dinero.

Fue en la tarde del pasado viernes cuando se anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) había girado una orden de aprehensión en contra de la pareja por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo a una investigación federal a la que tuvo acceso “Animal Político”, Gómez Mont y Álvarez Puga son señalados como los beneficiarios de un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos que se hizo desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, actualmente senador del PRI.

Se detalló que dichas operaciones se habrían realizado durante mil 446 operaciones bancarias a través de tres “empresas fantasma” con el objetivo de triangular y lavar los recursos, que también involucran a Alejandro Álvarez Puga, hermano de Víctor Manuel y socio en su despacho de abogados.

“Caso Querubines”

Según los informes de “Animal Político”, la investigación es conocida como “Caso Querubines”, indica que los recursos públicos habrían sido desviados mediante dos contratos adjudicados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Dicha dependencia correspondía a la Segob en el sexenio pasado, bajo la razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., que fue clasificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (CHCP) como una empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS); es decir, una empresa que sólo se creó para generar facturas.

Supuestamente los casi 3 mil millones de pesos fueron adjudicados entre agosto y octubre de 2016, para comprar un programa de interconexión de siete penales federales, pero los contratos son considerados como fraudulentos por Hacienda al detectar que hubo “simulación de competencia en el proceso de licitación”.

También se habría detectado manipulación de entregables y presunta falsificación de firmas de funcionarios del órgano que administra las cárceles federales.

Entre las irregularidades que sobresalieron es que al empresa que ganó la licitación de los 290 mil 950 millones de pesos, no tenía activos, infraestructura ni personal trabajando, y su domicilio fiscal correspondía a una empresa pequeña situada en Morelia, Michoacán.

¿Cómo se realizó el desvío millonario en el que se involucra a Inés Gomez Mont y su esposo?

Entre muchas otras cuestiones, las autoridades habrían detectado que la empresa fachada que ganó la licitación para la supuesta construcción de los penales, Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., distribuyó el dinero entre otras cuatro empresas, también calificadas como “factureras”.

A su vez, ésta triangularon el dinero público a otras tres “factureras”, con el fin de lavar dinero mediante mil 446 operaciones antes mencionadas y generar facturas que comprobaban los presuntos gastos del dinero, y se sospecha que en algunas de esas empresas está detrás Gómez Mont y su marido.

En la “lista negra” del SAT aparece una persona física que se presume tenía en su nómina de empleados a Víctor Manuel Álvarez Puga, al que le habría pagado 1 millón 376 mil pesos, como parte de su sueldo.