No hay error en declaración patrimonial del Gobernador: SHFP

MEXICALI, B.C.- En cumplimiento de la Ley de Transparencia, el gobernador Jaime Bonilla Valdez sí incluyó en su declaración patrimonial 2019 (cuando fue Delegado Federal Único), el predio de Jardines de la Mesa en Tijuana aunque ya no le pertenecía.

Eso lo hizo –precisó-, en cumplimiento de los requerimientos en los formatos oficiales de la Función Pública Federal, en los que se indica anotar bienes registrados a nombre del funcionario, aun cuando hubiesen sido enajenados.

Dicho predio, fue vendido o transferido a otra persona o empresa, en cuyo caso son los usufructuarios y, por lo tanto, responsables del pago del Impuesto Predial que es municipal, lo cual se acotó al margen.

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), Vicenta Espinosa dio respuesta a la pregunta hecha al Gobernador de Baja California: ¿Hay algún error en su declaración patrimonial?”.

Al respecto, la titular de Honestidad aclaró que no hay errores (en la declaración), y que la dependencia que encabeza no está legalmente obligada a brindar información de los funcionarios.

Agregó que solo que el propio funcionario, empleado o servidor público aludido, puede autorizar la publicación de sus datos personales cuando elabora su declaración patrimonial.

Enfatizó que la SHFP de Baja California en ningún momento “filtró” información del jefe del Ejecutivo estatal; presentó una nota informativa nacional que revela un incidente con la Secretaría de la Función Pública Federal.

En ella se indica que se exhibió la declaración patrimonial de 830 mil servidores públicos federales, que quedaron desprotegidos con toda su información (entre ellos el hoy jefe del Ejecutivo estatal, quien fuera antes Delegado Federal Único).

Vicenta Espinosa Martínez detalló que los funcionarios obligados para declarar sus bienes eran entonces 1 millón 427 mil, de los cuales 830 mil empleados de gobierno (federal) quedaron desprotegidos y en un estado vulnerable, referente a sus datos personales (CURP y RFC), propiedades, vehículos, números telefónicos, domicilios, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, incluyendo cónyuges y familiares.

“Cabe mencionar que los datos arriba mencionados son clasificados, y deben resguardarse de acuerdo a la norma decimonovena del acuerdo del 23 de septiembre de 2019 de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción”, precisó la titular de la SHFP.