¿Qué es el "Pin Parental", iniciativa que podría prohibir la educación sexual y de género?

MONTERREY, Nuevo León.- Luego de ser rechazada por el Congreso de Nuevo León, la controversial iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal denominada “PIN” parental ahora es valorada en Jalisco.

En la entidad neoleonesa, Juan Carlos Leal Segovia, diputado del Partido Encuentro Social (PES) fue el promovente de la iniciativa desde enero del presente año, que tiene como objetivo que los planteles educativos cuenten con la aprobación previa de los padres o tutores legales para impartir currícula “que sea ética y moralmente controvertida”, en temas de sexualidad, reproducción y género.

Quienes se oponen a la propuesta argumentan que el propósito es negar el acceso a los menores a una educación sobre derechos sexuales y reproductivos, ya que el artículo 92.VI reconocería a los padres y tutores el derecho “de prestar su consentimiento previo, conjunto, o por escrito” así como a “manifestar su oposición o negativa” sobre “el contenido de las clases y actividades” y de “talleres, pláticas o charlas” de las escuelas, que no comulguen con sus convicciones éticas, morales o religiosas.

Kalycho Escoffié, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey cuestiona que:

Por la amplitud y generalidad en su redacción, la reforma otorgaría un poder de veto a los padres frente a las facultades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, e incluso de la SEP. Aunque la iniciativa señala en su presentación que el ‘PIN’ parental es para ‘los talleres y/o materiales que sean ética y moralmente controvertidos’... El texto del artículo 92.VI que se propone permite bloquear cualquier tipo de contenido de prácticamente cualquier actividad de las escuelas”.

Sin embargo, los promotores del “PIN” parental apuntan a que los padres, de acuerdo el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuentan con el “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Por lo que asociaciones de padres de familia y congresistas del Partido Acción Nacional (PAN) constituyeron un bloque a favor de la iniciativa, para “proteger a los menores”. El cual está conformado por los senadores Víctor Fuentes, Isabel Guerra y Annia Gómez; los legisladores locales Claudia Caballero y Juan Carlos Leal, así como la Unión Neolonesa de Padres de familia, Asociación Estatal de Padres de Familia, Familias Fuertes Unidas por México y el Frente Nacional por la Familia.

Escoffié enfatiza que los niños son sujetos de derechos, pero contrariamente la iniciativa está “pensada en los padres. No en sus hijas e hijos. [Aunque en] los primeros años de vida las niñas y los niños requieran el apoyo y la protección de sus familias, de la comunidad y de las instituciones… la toma de decisiones en sus vidas se hace progresivamente menos indirecta conforme crecen hasta alcanzar la mayoría de edad”.

Es decir, los menores son personas que están capacitados para tomar decisiones y ejercer sus derechos, en base a una formación contemplada en el artículo 3 de la Constitución Federal “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, indica la litigante.

Asimismo, Mario Rodríguez Plata, portavoz del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, resaltó que dicho proyecto discriminará a los hijos de padres del mismo sexo, ocasionando “la segmentación de la educación que se impartirá a niños, niñas y adolescentes, al inculcar en ellos el parecer de los padres y de las madres, basándose en sus prejuicios de corte religioso o moral, despreciando con eso lo establecido por el texto de la actual legislación”.

Nuevo León se posiciona como el cuarto estado con mayor número de embarazos en menores de 20 años, según datos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente 2017.

Con información de Animal Político y La Jornada