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SCJN avala Ley de Detenciones; Fuerzas Armadas podrán detener a civiles

Las Fuerzas Armadas tendrán la obligación de llevar a cabo la detención de un presuntos criminales, en lugar de dar avisar a las autoridades correspondientes.

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la sesión pública del pasado martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se validó con ocho votos a favor la constitucionalidad de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la cual había sido impugnada en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El Pleno decidió analizar la Acción de Inconstitucionalidad 63/2017 presentada por el extitular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en contra de los artículos 19 y quinto transitorio, pues planteaban que los elementos de las Fuerzas Armadas tenían la obligación de llevar a cabo la detención de un presunto o posible criminal, en lugar de dar solo un aviso a las autoridades correspondientes.

A pesar de haber recibido tres votos en contra por parte de Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y, la presidente de la Corte, Norma Lucia Piña, ambos artículos fueron validos después de que el ministro Javier Laynez enfatizara que la intervención de los militares se llevará a cabo solamente cuando realicen tareas de seguridad pública.

Organizaciones civiles lamentaron la decisión de la SCJN

Por lo tanto, la interpretación correcta del quinto transitorio conlleva que la fuerza armada permanente que realice tareas de seguridad pública está sujeta a la Ley y que no deberá dar aviso en términos del (Artículo) 19, sino que debe realizar directamente el registro inmediato”, insistió Laynez.

A través de sus redes sociales, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), lamentó que la Suprema Corte discutiera la Ley Nacional del Registro de Detenciones "a espaldas de la ciudadanía", pues es un tema de bastante importancia al estar relacionado con los Derechos Humanos.

Por otro lado, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) afirmó que el uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública ha aumentado los índices de violencia en México.

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