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IECM firma acuerdo para garantizar voto de personas en prisión preventiva

La iniciativa permitiría a las personas detenidas participar en procesos tanto locales como federales, incluyendo las elecciones presidenciales de 2024.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en colaboración autoridades del Sistema Penitenciario de Ciudad de México, firmó este domingo un acuerdo para empezar con los preparativos para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en la capital.

A lo largo de este fin de semana, los consejeros del IECM, el subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Omar Reyes, y representantes de la organización CEA Justicia Social se reunieron con el propósito de organizar todos los preparativos necesarios.

El consejero Bernardo Valle, subrayó la importancia de asegurar que las personas en proceso de recibir sentencia ejerzan su derecho al voto en las elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y alcaldías, así como a nivel federal en las elecciones presidenciales, diputaciones federales y senadurías.

Así mismo, la consejera Erika Estrada enfatizó la importancia de establecer una estrategia conjunta que permita que la población penitenciaria ejerza su voto de manera libre e informada. Esto incluye actividades previas para que las personas privadas de su libertad conozcan las plataformas, candidatos y propuestas de campaña.

El subsecretario del Sistema Penitenciario expresó la disposición de su institución y del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva. Se comprometieron a trabajar de manera interinstitucional para llevar a cabo estas acciones de manera segura.

En la reunión, se acordó continuar con las mesas de trabajo para implementar la estrategia conjunta que aborde de manera integral los aspectos más relevantes del proceso electoral.

De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario hasta el 3 de marzo de 2023, había un total de 25 mil 520 personas privadas de su libertad, de las cuales 6 mil 968 estaban en proceso y 18 mil 552 habían sido sentenciadas.

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