La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía pide a AMLO inclusión de reformas para pueblos indígenas y afrodescendientes
A través de una carta, buscan establecer una relación respetuosa y equitativa entre el Estado y estos grupos.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía está solicitando al presidente de la República que incluya la iniciativa a favor de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el paquete de reformas que enviará el próximo 5 de febrero.
En una carta dirigida al ejecutivo federal, expresaron su deseo de establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios, basada en el respeto mutuo, igualdad y ausencia de discriminación al ejercer plenamente los derechos colectivos.
Hicieron hincapié en la necesidad de que estas reformas aborden de manera justa los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, con el objetivo de facilitar la implementación de políticas públicas dignas.
En días recientes, la opinión pública ha prestado atención al anuncio, durante la conferencia matutina del presidente, de un paquete de diez o veinte reformas constitucionales, abordando temas como el sistema electoral, el poder judicial, los salarios y las pensiones.
La organización señaló que, hasta el momento, el ejecutivo federal no ha mencionado la iniciativa de reforma relacionada con los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La iniciativa en cuestión surgió a través de 50 foros y 60 asambleas regionales en todo el país, impulsadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Cuenta con el respaldo de 630,986 firmas de autoridades y representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes.
El 28 de septiembre de 2021, el pueblo Yaqui entregó la iniciativa al presidente de la República, y actualmente, se encuentra en la Consejería Jurídica de Presidencia. La reforma propuesta busca modificar 16 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para lograr la tan ansiada justicia demandada históricamente por los pueblos indígenas. Esto se lograría a través de una transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas que rigen la organización del Estado mexicano, según lo señalado por el INPI.