Comité exige castigos ante crímenes de odio contra comunidad LGBTQ+ en México
Entre las demandas, se encuentra la solicitud de cadena perpetua para quienes cometan crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual y de género en el país.
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la presentación oficial de los planes para la 46 marcha del orgullo de la Ciudad de México, el comité Gay Pride Comunidad LGBTTTIQNB+ exigió a las autoridades que protegieran los derechos de la comunidad y reforzaran las sanciones contra aquellos que violenten contra ella.
Dichas peticiones forman parte del pliego petitorio presentado en el evento, en el cual también se realiza un “enérgico llamado de exigencia” a todos los candidatos en las próximas elecciones del 2 de junio, instándoles a responder a sus demandas.
Del mismo modo, en conferencia de prensa, el comité, que designó a la influencer trans Kimberly “La más preciosa” como su reina y al actor Sergio Mayer como su embajador, dieron a conocer un total de 10 puntos en favor de las poblaciones LGBT+ en México.
Entre las demandas del comité se encuentra la solicitud de cadena perpetua para quienes cometan crímenes de odio contra personas LGBT+, y la petición de “expulsar del país” a las y los funcionarios públicos que durante sus funciones o incluso licencias, utilicen los medios de comunicación y la tribuna para difundir mensajes de odio contra el colectivo.
También se planteó un castigo para aquellos que, desde un sentido religioso, emitan mensajes de discriminación
Además, el comité, liderado por el cantante Angelo Diep, propuso que aquellos que emitan mensajes de odio o ejerzan violencia contra las personas LGBT+ no puedan ocupar cargos públicos de ningún nivel, así como un castigo penal para los padres o tutores que expulsen a sus hijos menores de edad del hogar dichos motivos.
Además, solicitaron que los funcionarios públicos que nieguen algún servicio a las personas LGBT+ sean cesados, paguen y reciban un curso de sensibilización.
Por último, se agregó la petición de políticas públicas para garantizar el acceso a vivienda, empleo, educación, servicios de salud y la plena ejercición de todos los derechos y libertades establecidos en la Constitución.