Planteamiento de SCJN para Sancionar a Ministros en Retiro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un vacío normativo en lo que respecta a la investigación y sanción de ministros en retiro, como el caso de Arturo Zaldívar.

Esto ha llevado al ministro Juan Luis González Alcántara a elaborar un proyecto que propondrá al pleno para establecer mecanismos que permitan imponer sanciones administrativas a los ex togados del máximo tribunal del país.

El proyecto busca establecer una ruta para sancionar a los ministros sin recurrir al juicio político, algo que no contempla la Constitución.

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Esto surge a partir de una solicitud de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y podría crear un precedente que difiere de lo establecido en la Carta Magna, ya que solo los ministros en activo pueden ser separados de su cargo mediante un juicio político.

Si el proyecto es aprobado por mayoría, se establecerá un marco legal dentro de los límites constitucionales. Sin embargo, no implicará un juicio político contra ministros en activo y podría utilizarse para presionar a aquellos que no estén alineados con las corrientes predominantes en la SCJN.

Planteamiento de Alcántara

El proyecto presentado por González Alcántara deberá ser aprobado por el pleno y definirá los términos para iniciar una investigación que podría resultar en sanciones administrativas.

Sin embargo, el órgano encargado de investigar estas faltas no tiene facultades específicas para actuar contra los ex ministros.

La Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, regulada en el Reglamento Interior en Materia de Administración de la Corte, tiene como primera facultad coordinar y proponer proyectos normativos para asegurar que la contraloría cumpla con sus atribuciones y obligaciones.

En cuanto a la denuncia anónima que dio lugar a la investigación contra Zaldívar, al ser él un ministro en retiro, se trata de un caso excepcional.

La dirección de responsabilidades administrativas está limitada a la regulación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos ante la Corte y no tiene autoridad para investigar a ex ministros como Zaldívar.